Medida evitaría aumento súbito de ¢32 mil millones al año en el gasto de remuneraciones
Pluses salariales se mantendrán vigentes para 28 mil funcionarios
Trabajadores con ingresos menores al salario global serían los beneficiados
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 24 marzo, 2021
Unos 28 mil trabajadores del sector público mantendrán sus pluses salariales vigentes sin importar si se aprueba la ley de empleo público.
Los funcionarios que tengan una remuneración menor al salario global que se establezca en dicha iniciativa, serían los beneficiados.
La idea es que sus remuneraciones aumenten de manera paulatina hasta alcanzar el salario global que se pretende para cada puesto laboral, en vez de un aumento súbito como propuso el diputado Pablo Heriberto Abarca de la Unidad ayer, al continuar la discusión del proyecto de ley.
Evitar un golpe financiero al gobierno es el objetivo de los diputados.
Y es que unos 28 mil funcionarios tendrían un salario menor a la remuneración estándar que se establezca, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.
Permitir el traslado inmediato de estos servidores al esquema de salario global, habría demandado ¢32 mil millones anuales al Estado por un periodo de 12 años.
Sin embargo, con el texto actual, esos 28 mil funcionarios seguirán recibiendo aumentos por pluses, hasta alcanzar el límite establecido y a partir de ahí, se congelarían sus beneficios.
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“En el caso de que la persona tenga un salario por debajo del salario global, lo que vamos a hacer es que siga acumulando anualidades, de manera tal que pueda ir paulatinamente equiparando sus remuneraciones al salario global. En el momento en que lleguen a este límite, ya no podrán seguir aumentando sus sueldos”, dijo Garrido a LA REPÚBLICA anteriormente durante una entrevista.
En estos momentos, los pluses salariales y principalmente las anualidades, son el motivo de una gran disparidad en el sector público que llega hasta los ¢3 millones para puestos profesionales en el gobierno central y de unos ¢800 mil para puestos no profesionales, según un informe de la Contraloría.
La iniciativa de empleo público establece un mismo salario por puesto laboral para todo el aparato estatal, excepto las empresas públicas en competencia como el ICE y el INS y la banca.
El objetivo es racionalizar el gasto y ordenar los sistemas de remuneraciones, ya que hoy día, Costa Rica invierte el 50% de los ingresos que recauda para sostener el salario de los burócratas en el Gobierno central.
Esto ha hecho que seamos el país que más dinero invierte porcentualmente, para sostener su aparato estatal entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por otra parte, la ley de empleo público es considerada como la ley más importante de ajuste estructural que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio.
Otro de los temas que discutieron los diputados ayer, fue la confirmación de las mociones que exoneran a las instituciones públicas en competencia de la ley de empleo público.
