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Empresas públicas en competencia exigen ser excluidas de Ley de Empleo Público para evitar fuga de talento y afectación

Esteban Arrieta [email protected] | Lunes 22 marzo, 2021 02:00 pm

dibujo de hombre haciendo multitareas junto a brazo sosteniendo dinero
A partir de esta semana los diputados sesionarán todo el día para discutir la ley de empleo público. Archivo/La República.


Aduciendo su autonomía legal para operar, la competencia en la que están inmersas y la necesidad de retener el talento humano, el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad, pidieron ser excluidas de la ley de empleo público.

La solicitud la hicieron al iniciar el debate de la ley de empleo público.

“Es inapropiado pretender que las empresas e instituciones en competencia gestionen sus relaciones de empleo a partir de los subsistemas de gestión definidos en el expediente legislativo, ya que se limitaría la gestión, la retención, la atracción, la compensación, el desarrollo y la capacitación de los trabajadores. La inclusión de las mismas en el proyecto de ley dificultaría que puedan cumplir con las mejores prácticas de los sectores y mercados en los que compiten”, indicaron en un comunicado.

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La propuesta que discuten los legisladores ya establece la exclusión de esas instituciones, sin embargo, hay varias propuestas para volver a incluirlas en la ley.

A partir de esta semana los diputados sesionarán todo el día para discutir la ley de empleo público.

La iniciativa, que establece un mismo salario por puesto laboral en el gobierno, pretende racionalizar el gasto y ordenar los sistemas de remuneraciones.

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Se trata de la iniciativa más importante de ajuste estructural que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.


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La iniciativa haría más eficiente al Estado, ya que los trabajadores que no mejoren su labor perderían el puesto de trabajo y también la cesantía.

“Este proyecto garantizará la disciplina fiscal, pues con el salario global se evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales”, dijo Pilar Garrido, ministra de Planificación. Archivo/La República.

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