Aplicar regla fiscal congelará aumentos por costo de vida durante 12 años
Mismo salario para empleados públicos generaría ahorro superior a los ¢314 mil millones al año
Incrementar sueldo a 28 mil funcionarios con salario menor a remuneración estándar no tendría impacto en finanzas públicas
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 17 diciembre, 2020
Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.
El ahorro se generaría al congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.
En los casos en que el trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos de la remuneración estándar que se fijará.
Sin embargo, este traslado no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará a partir del 2021 y por 12 años, la regla fiscal que prohíbe el aumento por costo de vida en las remuneraciones para todo el sector estatal, cuando la deuda pública supere el 60% del PIB.
De esta forma, los salarios públicos quedarían congelados hasta 2033, cuando se prevé que haya un retroceso en el nivel de la deuda.
Al aplicar dicho instrumento y aprobar la ley de empleo público, se lograría un ahorro en el primer año de 0,6% del PIB (¢209 mil millones), mientras que para el año 14, el ahorro superaría el 0,9% del PIB (¢314 mil millones) al año, dijo Garrido.
“En el proyecto impulsamos un transitorio que, dada la situación de la deuda pública, incluya la aplicación de la regla fiscal y contemple los ahorros por anualidades que se dejarán de pagar a quienes se trasladen al salario global. Esto, generará un ahorro desde el año uno de 0,6% del PIB solo en Gobierno Central y alcanzaría un 0,9% del PIB en el año 14. Adicionalmente, contribuimos a la equidad salarial al permitir que personas funcionarias actuales migren al salario global, pero sin presionar las finanzas públicas. Quienes tienen un salario actual superior al global por su parte, verían congelado su salario hasta que se equipare con el global”, explicó Garrido.
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Otro aspecto que generará ahorro, es la eliminación de los diversos regímenes de empleo existentes y en su lugar, establecer un único régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos.
La iniciativa ya inició trámite en el plenario para su votación en primer debate y es considerada como la ley “más ambiciosa” en cuanto a la reforma del Estado por parte Garrido.
La propuesta del gobierno cuenta con el respaldo de todos los partidos en el Congreso; sin embargo, existe preocupación por un artículo del proyecto, que pretende darle al Ministerio de Planificación la rectoría sobre el empleo público, lo cual, podría ser inconstitucional al dejar sin funciones al Servicio Civil.
Esto, por la supuesta injerencia del gobierno de turno en la administración del empleo público, ya que podría utilizarse como una arma político electoral.
En ese sentido, Pedro Muñoz de la Unidad y Roberto Thompson de Liberación Nacional, presentaron otro proyecto de ley.
“En el caso de la propuesta del gobierno se establece que corresponde al Ministerio de Planificación la coordinación de los temas de empleo público, mientras que en el texto sustitutivo que presentamos Pedro Muñoz, diputado de la Unidad y este servidor, se establece que es el Servicio Civil. La idea es evitar la politización del empleo público. A nosotros nos parece que debe ser, como dice la Constitución, un órgano independiente el que se encargue de este tema”, dijo Roberto Thompson, diputado de Liberación.
El gobierno y los sindicatos se enfrentan por la ley de empleo público
En el Congreso hay un respaldo de prácticamente todas las fracciones, aunque existen dudas sobre ciertos temas.
Pilar Garrido
Ministra
Planificación
Se podría proponer cerrar instituciones estatales, despedir personas y en un escenario
extremo se lograría un ahorro de 1% del PIB, pero con sacrificio y debilitamiento de la función pública.
Esta reforma genera 0,6% del PIB solo el primer año y permite continuidad del Estado, atraer y mantener el
mejor talento en el sector público al tiempo que se promueve la equidad salarial y la eficiencia y la
calidad del gasto y de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía
Víctor Morales
Diputado
PAC
El texto sustitutivo propone un nuevo paradigma para el empleo público. En esta nueva visión, lo relevante no es la institución donde labora la persona servidora pública, sino la función y el trabajo que realiza. Nos brinda, indudablemente, un marco jurídico apropiado para afrontar los retos sociales y económicos del país.
Albino Vargas
Secretario
ANEP
Es un proyecto tramitado únicamente por un afán ideológico de odio contra el empleado público y por una cuestión fiscalista para llevárselo al Fondo Monetario Internacional, será parte del convenio que el gobierno le va a presentar al FMI y estamos seguros, porque estamos trabajando en ello, que terminará en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos.
