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"No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es totalmente falso lo que se ha dicho, eso está sellado: somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana", dijo el presidente electo Pedro Castillo en un evento masivo a fines de junio.
Es un discurso que con el paso del tiempo se ha moderado si se compara con sus planteamientos al inicio de la campaña electoral, cuando era un desconocido maestro rural que defendía los postulados de un partido autodeclarado marxista-leninista.
Castillo, quien ganó los comicios por poco más de 44.000 votos, tuvo que esperar más de un mes antes de ser proclamado oficialmente como el próximo mandatario de Perú —este lunes—, luego de que su rival, Keiko Fujimori, lo acusara de fraude electoral y lo desafiara ante la justicia.
Durante todas estas semanas de espera después de que los resultados de las elecciones del 6 de junio fuesen impugnados, Castillo ha salido a calmar las aguas en medio de un clima de incertidumbre sobre el rumbo que seguirá la economía peruana bajo su mandato.
Para reafirmarse como una figura que mantendrá la estabilidad económica en un país que ha tenido cuatro presidentes en cuatro años, ha jugado al menos dos cartas clave.
La primera fue el nombramiento de Pedro Francke como su principal asesor económico, un hombre que goza de respeto en el ambiente empresarial y académico.
La segunda fue pedir a Julio Velaverde, presidente del directorio del Banco Central, seguir como en los últimos 15 años a la cabeza de la institución para garantizar su independencia.
Así se presenta Pedro Castillo a apenas ocho días de asumir la presidencia de un país que tuvo la mayor contracción económica de América Latina en 2020 en medio de la pandemia de covid-19.
Un país donde tres de cada 10 personas viven en la pobreza y más del 70% de los trabajadores pertenecen al mercado informal, pese a que su economía fue considerada un "milagro económico" por su veloz crecimiento en las últimas dos décadas y un manejo prudente de las finanzas públicas que le permitió mantener el equilibrio fiscal y atraer inversiones.
Como Perú es una nación tan dividida, lo que ahora genera más incertidumbre, dicen expertos consultados por BBC Mundo, es quién gobernará realmente el país.
¿Será el Castillo actual o el Castillo que hace unos meses inscribió su candidatura con un programa de gobierno redactado por el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón?
Hablamos del mismo Cerrón que perdió protagonismo en la campaña después de la primera vuelta y que está sentenciado por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento durante la época en que fue gobernador del estado de Junín.
Tal como ha ocurrido con el propio Castillo, la idea de una "economía popular con mercados" también ha sufrido una evolución en los últimos meses.
El nuevo mandatario, cuya toma de posesión está prevista para el 28 de julio, impulsa un cambio que puede alterar los fundamentos económicos que han guiado al país en las últimas décadas.
¿Pero de qué cambio se trata?
El concepto de "economía popular con mercados" no aparece en ningún texto económico.
Originalmente fue definido como una mezcla entre la experiencia de los en su día mandatarios Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador.
Es, pues, una especie de "evocorreísmo" a la peruana, bajo las directrices de un Estado planificador, empresario, industrializador y protector.
"Un Estado que genere recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos".
Sin embargo, cuando inesperadamente Castillo pasó a segunda vuelta, se produjo un giro.
El candidato fichó nuevos jugadores en su equipo técnico.
Entre ellos, el ya mencionado Francke, quien es visto como el probable ministro de Economía del nuevo gobierno.
"Castillo se dio cuenta de que tiene que gobernar para todo el país y su actual equipo técnico representa una izquierda moderna, no una izquierda primitiva", le dice a BBC Mundo Sinecio López, sociólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Entrevistado por BBC Mundo, Francke argumenta que la economía popular con mercados "es un modelo de libre actuación de la empresa privada, como lo hemos tenido hasta ahora, pero con un mayor componente redistributivo de parte del Estado".
"Hay que redistribuir la riqueza, en particular la riqueza minera", argumenta por teléfono desde Lima.
Francke adelanta que se pretende que los fondos provenientes de las políticas de redistribución de la riqueza sean destinados a un aumento del gasto social en salud y educación, y a un mayor apoyo a los microempresarios de la ciudad y del campo.
"Existe temor sobre lo que podríamos llamar esa otra izquierda, una izquierda que tiene una propuesta más estatista al estilo Cuba o Venezuela, con una multiplicidad de controles de precio, economía fuertemente planificada, enorme presencia estatal. Eso no es lo que queremos", apunta.
El país que más se asemeja al sistema económico que el nuevo gobierno pretende construir es Bolivia, dice Francke.
"Hay una cierta cercanía con la experiencia de Evo Morales en Bolivia, pero digo cierta, porque tenemos una propuesta nacional y cada país es distinto".
La economía boliviana, explica, "tiene un buen componente de impuestos, pero en la producción petrolera y de hidrocarburos, siguen las empresas transnacionales".
"En el sector industrial y agrario, también hay empresas privadas y no existe control de precios", sostiene.
El triunfo de Castillo tiene a muchos inversores y empresarios preocupados. El sol peruano ha perdido valor frente al dólar y el mercado bursátil ha caído desde los comicios.
Dado que una de las mayores fuentes de ingresos del país proviene del sector minero, la incertidumbre sobre unas eventuales nacionalizaciones mantiene en vilo a quienes esperan que Castillo explique claramente hasta dónde piensa llegar.
Hasta ahora, el presidente electo ha dicho que dos grandes proyectos mineros, Tía María y Conga, "no van", una decisión que puede suponer dejar de ingresar miles de millones de dólares.
También ha señalado que planea renegociar los contratos con empresas transnacionales que operan en el país para que el 80% de las utilidades permanezca en Perú y el resto se quede en manos de las firmas.
En teoría, estas renegociaciones estarían enfocadas en el sector minero y el gas, pero persisten las interrogantes sobre si podrían expandirse a otras industrias.
Castillo también dijo durante la campaña que iba a prohibir las importaciones de productos que se producen en Perú, pero posteriormente moderó los comentarios, argumentando que su objetivo es proteger a los productores peruanos.
Son ese tipo de cambios en el discurso los que han generado preocupación.
"Se está abriendo una potencial caja de pandora en el país que nos deja en un rumbo incierto", comentó Diego Macera, economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), en diálogo con BBC Mundo.
El portavoz económico de Castillo ha insistido recientemente en que el nuevo gobierno promoverá una economía de abierta, pero con mayor énfasis en lo social.
"La idea básica es que se mantendría una economía de mercado. No es una idea de intervencionismo masivo del Estado en la economía", ha precisado.
En ese sentido, Francke postula priorizar un aumento de los impuestos mineros y luchar contra la evasión y elusión de los tributos a la renta de las empresas, para financiar un mayor gasto en salud y educación.
No ha mencionado hasta ahora ningún aumento en las tasas impositivas a las ventas o la creación de un impuesto al patrimonio.
El hombre que sería el encargado de dirigir la ruta económica de Perú es considerado como un economista moderado de izquierda que puede sentarse a conversar con líderes sociales y con inversionistas de Wall Street.
Exdirector de la agencia peruana de seguridad social Essalud y profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica, ha sido claro en señalar que el plan económico no considera expropiaciones o "confiscaciones de ahorros".
Desde esa perspectiva, Francke ha sido uno de los principales caballos de batalla de Castillo para apaciguar los temores sobre la llegada al poder de una izquierda radical que borraría de un plumazo las bases del sistema económico peruano.
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