Oscuro panorama para reformas de notables
“No estamos viendo ningún consenso en este tema porque lo que quiere el Gobierno es limitar el derecho de los legisladores a parlamentar”, indicó Carlos Góngora, jefe del Movimiento Libertario.Gerson Vargas/La República
Enviar

No se vislumbran acuerdos

Oscuro panorama para reformas de notables

Falta de votos en Asamblea obligaría a buscar un referéndum como alternativa

Si por la víspera se saca el día, el panorama luce oscuro para las intenciones de Laura Chinchilla de aprobar este año algunas de las reformas más significativas planteadas por la Comisión de Notables.
A una sesión de terminar el debate reglado sobre este tema en el Congreso, los acuerdos y negociaciones brillan por su ausencia entre los diputados.
De esta forma, el mejor camino que podría tomar la mandataria para ver sus proyectos hechos realidad es acudir al mecanismo del referéndum, para que sean los costarricenses quienes decidan el destino de las propuestas por voto.
Esto porque en el Congreso el apoyo a una y otra propuesta es timorato por parte de las diversas bancadas, y solo cuentan con respaldo aquellas que no son polémicas, como dar oportunidad al Gobierno para que en los primeros seis meses impulse su agenda.
La única que tiene una posición sólida es la fracción mayoritaria y oficialista de Liberación Nacional, que ha indicado su apertura a votar 33 de las 97 propuestas.
Entre ellas, todas las reformas al reglamento legislativo, aquellas relacionadas con la Sala IV y el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.
No obstante, desde el planteamiento inicial no hay acercamiento con las otras bancadas.
En el caso de los cambios al reglamento, el asunto pasa por falta de voluntad política.
Partidos como el Movimiento Libertario, el Frente Amplio e incluso el PUSC y PAC, ven con recelo las modificaciones a las reglas que dirigen el debate.
Para ellos, lo propuesto podría ser una forma de “acorralar” a la oposición, mediante la limitación del uso de la palabra.
Entre las modificaciones más importantes al reglamento legislativo se encuentran la obligatoriedad de defender todas las mociones presentadas por un partido en un plazo de 20 minutos, sin importar su número, así como la división de ese tiempo entre todos los miembros de la bancada.
Durante años, la reforma a las reglas internas en Cuesta de Moras ha sido motivo de discusión entre los legisladores, debido a que un solo congresista tiene la posibilidad de extender el debate de un proyecto de ley por meses.
En otro nivel de dificultad se encuentran las reformas que requieren cambios en la Constitución Política, no solo por la dificultad de lograr acuerdos legislativos, sino también por la complejidad de hacer modificaciones a esa norma.
Entre ellas se encuentra el aumento en el número de diputados y la carrera parlamentaria.
Asimismo, la reelección presidencial y la remoción del gabinete y el Congreso.
Aparte de la dificultad de lograr acuerdos, los legisladores tendrían que correr para avalar estos cambios.
Esto, porque las modificaciones a la Constitución requieren seis debates distribuidos en dos años de trabajo en el Congreso.
De esta forma, si la Asamblea quiere aprobar uno de esos proyectos, debe dar tres debates diferentes antes del 1° de mayo, con el objetivo de que se pueda discutir en la siguiente legislatura.
La dificultad se agrava si se toma en cuenta que a este Congreso le queda solo un año de trabajo y que al cambiar de integrantes, nada garantiza que exista voluntad política para continuar.
En estos momentos, el Poder Ejecutivo analiza el ambiente en Cuesta de Moras y espera que antes de finalizar el mes, dé a conocer los proyectos que llevará a la Asamblea. No obstante, debido al panorama poco claro que rodea a las iniciativas, parece que la mejor opción que Chinchilla podría tener, está de la mano de una consulta popular.
Por medio de un referéndum antes de las elecciones, los costarricenses podrían decidir sobre el reglamento legislativo, la reelección presidencial o alguna de las otras propuestas.
Sin embargo, si la mandataria desea activar este mecanismo debe hacerlo pronto, pues la ley establece que seis meses antes o después de las elecciones nacionales, no se puede hacer ninguna consulta popular.
Esto implicaría que a más tardar, la decisión de la Presidenta debería estar tomada a inicios de abril.

201302142352580.n22.jpg

Esteban Arrieta
[email protected]


 

Ver comentarios