No solo falta solidaridad, también fuerza contra la corrupción y la evasión

La Contralora General de la República, doña Marta Acosta, manifestó recientemente ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que ni el déficit presupuestario, ni la crisis económica del país, se resuelven por la vía del Presupuesto Nacional.

Esto lo que significa es que los recursos para el bono proteger no solucionarán las necesidades de las personas, y que el recorte de gasto del Gobierno no compensará la pérdida de ingresos corrientes.

La deuda del país aumentó en el segundo presupuesto extraordinario y aumentará aún más en el tercer presupuesto extraordinario, que indudablemente deberá presentar el Ejecutivo, en las próximas semanas, debido a que la caída en los ingresos corrientes, será aún mayor a lo que hoy sabemos.

Para el tercer presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda tendrá un menor margen para recortar gasto y es probable que solo reduzca la partida de alquileres.

En la primera ola de la pandemia del Covid-19, la tasa de desempleo había aumentado en 4,4 puntos porcentuales, 102.000 personas más sin trabajo, para un total de 379.000 desempleados.

En la segunda ola de la pandemia, las malas noticias se agravan, pues el desempleo aumentó en 8,8 puntos porcentuales; es decir, un 20,1% de desempleo, lo que equivale a 468.000 personas sin trabajo.

Esta emergencia no se resuelve enviando a los desempleados a coger café, como desafortunadamente han propuesto. Esta emergencia, tampoco se resuelve con más impuestos, pues Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, tanto en cantidad de impuestos, como en porcentaje de gravamen a las utilidades. Gravar lo que aún no está gravado, como el aguinaldo, es una solución sencilla, pero esta emergencia requiere ingenio.

Y lamentablemente, ingenio es lo que no tiene la Administración Tributaria. La Contralora General de la República, manifestó en su comparecencia a la Comisión de Hacendarios que Tributación Directa no tiene inteligencia para combatir con éxito la evasión y la elusión.

Esa falta de inteligencia es la razón por la que los malos contribuyentes se roban 3 mil 800 millones de dólares, como lo señaló hace poco el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

Este gigantesco robo de impuestos es un delito de lesa patria, pues daña a todos los costarricenses. Y en medio de esta emergencia sanitaria y económica, los delincuentes por evasión deben perseguirse con la misma fuerza que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, persiguen el Covid-19.

Cada propuesta de aumentar impuestos constituye una renuncia a perseguir penalmente a los autores y coautores del robo de 3 mil 800 millones de dólares, o su equivalencia en colones: 2 billones 166 mil millones de colones (₵2.166.000.000.000).

Este Gobierno insistió en gravar la canasta básica y los medicamentos, para dotar a la Administración Tributaria, con el arma de la trazabilidad. En aquel momento, se prometió que la trazabilidad dotaría de inteligencia a Tributación para combatir con fuerza la evasión y la elusión. No obstante, la reforma fiscal va a cumplir dos años de aprobada, las familias ya están pagando el IVA a la canasta básica, y el problema persiste.

Se dice ahora, que la falta de inteligencia de Tributación, se debe a sistemas de informática obsoletos y que el país debe endeudarse en 50 millones de dólares por año, por cinco años, para comprar otro software. Software que pagaremos todos los costarricenses, con la incertidumbre de si el resultado será el mismo que el de la trazabilidad.

Indudablemente, llevan razón quienes abogan por reformas estructurales, pero la primera reforma de ese tipo debe hacerse en el Ministerio de Hacienda, interviniendo, de forma inmediata, los sistemas Tributario y Aduanal.

El aumento de la carga tributaria recaerá en las mismas personas que responsablemente contribuyen con el país. Ninguno de los impuestos que se proponen en medio de esta pandemia recaerá sobre los grandes evasores. Eso resta legitimidad y credibilidad a las propuestas de la OCDE y del Gobierno.

Finalmente, en medio de esta crisis, el país no puede seguir sosteniendo la lista de exenciones o exoneraciones, pues en medio del desempleo y el hambre, no se valen este tipo de privilegios.

Eduardo Cruickshank Smith

Presidente Asamblea Legislativa