Municipalidades reaccionan ante la instalación excesiva de postes de telecomunicaciones

El crecimiento sostenido de postes de telecomunicaciones en aceras, áreas públicas y otros espacios urbanos comienza a generar una fuerte preocupación en distintos gobiernos locales del país.

La saturación visual y física del espacio público, así como los impactos en la movilidad peatonal, han motivado a varias municipalidades a impulsar acciones orientadas a un mayor orden y planificación de este tipo de infraestructura.

Uno de los casos más avanzados es el de la Municipalidad de Desamparados, que trabaja en la elaboración de un reglamento propio con el objetivo de regular la ubicación de los postes de telecomunicaciones y optimizar el uso del espacio urbano.

Luis Flores, regidor y vicepresidente del Concejo Municipal de Desamparados, además de coordinador de la comisión municipal encargada de la población adulta mayor y con discapacidad, ha sido uno de los principales impulsores de estas reformas.

Flores, quien además es usuario de silla de ruedas y cuenta con más de 15 años de trabajo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, advirtió sobre la falta de responsabilidad en el manejo del espacio público.

“La responsabilidad sobre las aceras en rutas nacionales no se está asumiendo. A pesar de ello, se pretende recargarlas con más postes, lo que generará muchos más obstáculos dentro del espacio público. Esto provocará una saturación que afectará, en primer lugar, a las personas con discapacidad física. Sin embargo, el impacto no se limita únicamente a este grupo, sino que también perjudica a otras condiciones de discapacidad, como la discapacidad visual. Se trata de una situación que ya es sumamente compleja y difícil, y que con este tipo de decisiones podría agravarse aún más”, dijo Flores.

Con base en estos criterios, relacionados directamente con la movilidad peatonal segura y efectiva, el municipio impulsa un reglamento independiente que permita ordenar la instalación de este tipo de infraestructura.

“Este reglamento, que surgió en Desamparados, corresponde a una propuesta técnica que lleva más de un año en proceso de elaboración, basada en criterios técnicos sólidos y necesarios, con el objetivo de promover que los postes de telecomunicaciones se coloquen de manera estratégica, sin afectar la movilidad peatonal de las personas”, señaló Flores.

La preocupación no se limita a Desamparados. Otros cantones y gobiernos locales también han manifestado inquietud por el impacto que genera la proliferación desordenada de postes.

“La contaminación visual en nuestras ciudades se salió de control. No son solo cables o rótulos; ahora son postes de telecomunicaciones sembrados sin orden ni respeto por la comunidad. Eso ocurre porque no existe planificación urbana real, porque faltan planes reguladores y municipios con recursos”, indicó Óscar Rojas, regidor de Curridabat.

Actualmente, la normativa vigente permite que los operadores compartan la infraestructura existente; sin embargo, esta práctica no se prioriza, lo que deriva en la instalación de postes a escasos metros unos de otros, de forma innecesaria.

“No hemos tenido ningún tipo de circunstancias en las que se presenten conflictos entre operadoras al momento de llegar o de intentar compartir espacios. Hasta ahora, ha sido bastante factible mantener el diálogo con las operadoras para analizar y valorar las distintas alternativas disponibles”, comentó Flores.

Los regidores consultados coinciden en que el desarrollo tecnológico es fundamental para las comunidades, pero subrayan la necesidad de que este avance se realice con responsabilidad y planificación.

“No estamos diciendo de ninguna manera que no a la tecnología ni a los avances. Lo que planteamos es que también se respete la autonomía municipal, de modo que se puedan analizar estratégicamente los espacios adecuados donde sea posible ubicar este tipo de torres”, añadió Flores.

La problemática del orden urbanístico no es un caso aislado y se manifiesta de distintas formas en varias regiones del país.

En este contexto, algunos dirigentes municipales coinciden en que una política nacional podría ser necesaria para evitar que la instalación de estas estructuras continúe sin control.

“La contaminación visual no es estética; es identidad, salud y dignidad. Vivir en un lugar bonito no debe ser un privilegio. Urge coordinación institucional, porque hoy simplemente no la hay”, concluyó Rojas