Más de 50 académicos de la Facultad de Derecho de la UCR salen a defender al Poder Judicial

Más de 50 profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) cerraron filas en defensa del Poder Judicial y expresaron su respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la designación de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia.

Los académicos manifestaron su “profunda preocupación” por el enfrentamiento que se ha generado entre distintos poderes de la República y advirtieron que las recientes disputas trascienden las diferencias políticas, debido a que involucran principios fundamentales de la democracia constitucional costarricense.

En un pronunciamiento conjunto, los profesores señalaron que una democracia no se limita al resultado de las elecciones o a la regla de la mayoría, sino que también requiere que las autoridades públicas estén sometidas a la Constitución, que existan controles institucionales independientes y que se mantenga una efectiva separación de poderes.

“Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho”, afirmaron los académicos, quienes además subrayaron que la existencia de un Poder Judicial independiente constituye un requisito indispensable para cualquier democracia constitucional.

Los profesores respaldaron de manera enfática la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó los nombramientos de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia hasta que la Asamblea Legislativa designe a los nuevos funcionarios.

A criterio de los firmantes, la resolución representa el ejercicio de las competencias que la Constitución le asigna a la Sala IV y permite preservar las garantías institucionales relacionadas con la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y las potestades de la Asamblea Legislativa dentro de los límites establecidos por la Carta Magna.

Los académicos calificaron como “irresponsable” el uso de ese concepto de golpe de Estado por parte de la mandataria Laura Fernández y señalaron que se trata de una categoría reservada para describir una ruptura del orden constitucional.

“Utilizar una categoría reservada para describir la ruptura de un orden constitucional para describir desacuerdos institucionales propios del funcionamiento regular de una democracia constitucional desvirtúa su significado histórico y jurídico”, indicaron.

En los últimos tres meses, el gobierno de Laura Fernández y el Poder Judicial han mantenido una relación marcada por fuertes diferencias.

El plantón de la semana pasada fue uno de los últimos episodios de ese enfrentamiento, al que se suma la acusación de “golpe de Estado” formulada por la mandataria contra la Sala IV.

La reacción de Fernández se produjo luego de que la Sala Constitucional prorrogara de manera indefinida los nombramientos de los magistrados suplentes, hasta que la Asamblea Legislativa designe a los nuevos funcionarios.

En este caso, el Congreso, dominado por diputados oficialistas, ha rechazado en once ocasiones la nómina enviada por la Corte Suprema para ocupar esos cargos.

A este conflicto se suma el cuestionamiento realizado anteriormente por Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, quien durante las celebraciones del 25 de julio preguntó a la audiencia si era necesario el Poder Judicial, una afirmación que fue censurada por sectores de oposición.

Además, el Poder Judicial enfrenta la amenaza de un recorte presupuestario cercano a ¢27 mil millones, otro de los puntos de tensión con el Ejecutivo.