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María José Corrales: “Costa Rica necesita un tren moderno, pero no el que nos plantea el Gobierno”

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 06 agosto, 2020 07:56 am

Mujer frente a arte de Covid-19
La pandemia del Covid-19 ha impulsado el teletrabajo, por lo que se requieren nuevos estudios de demanda, según María José Corrales, diputada del PLN. Archivo/La República.


El tren eléctrico interurbano que propone el gobierno de Carlos Alvarado por $1.550 millones no debe avanzar, según la diputada María José Corrales de Liberación.

En estos momentos se desconoce de dónde saldrá el aporte económico del Estado para financiar el pago del préstamo por $550 millones, además del subsidio anual que se tendrían que cancelar de hasta $150 millones, para hacer viable el costo de las tarifas.

Por otra parte, el trazado solo beneficiaría al 4% de la población, mientras que después de la pandemia del Covid-19 es necesario determinar cuánto cambiará el trabajo con la modalidad remota de teletrabajo.

‪”Las condiciones financieras del país no son las óptimas (…) El Gobierno tampoco ha sido elocuente en aclarar dudas sobre el estudio de factibilidad, cálculos de demanda, frecuencia de viajes y cantidad de trenes; justificación de cambio del ancho de vías en la GAM, consideraciones sobre el uso de otros medios de transporte (buses y taxis) o cómo afectará este proyecto la etapa post pandemia”, dijo Corrales.

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El proyecto de movilidad costaría unos $1.550 millones, de los cuales, $500 millones tendrían como origen un crédito y el resto del dinero sería aportado por un concesionario.

La iniciativa sería el eje central de varios planes de movilidad y de desarrollo urbano contemplados desde organizaciones privadas y municipalidades.

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El tren brindará servicio por al menos 18 horas diarias, los siete días de la semana, con frecuencias de cinco minutos en hora pico para días laborables.

El Estado no estaría en capacidad de otorgar esa cantidad de dinero, por la difícil situación económica en la que se encuentran las finanzas públicas, que incluyen una baja en la recaudación de ¢1,3 billones y un déficit fiscal proyectado de 8% del PIB al término del año.

“Es de esperar que el tren como una obra pública importante también tenga una afectación positiva en la economía y, a partir de ese efecto positivo que pueda tener en la economía, es que habría que estimar la posibilidad de un retorno social y financiero que haga viable directamente lo que es la inversión en ese tren”, dijo Elián Villegas, ministro de Hacienda, a mediados de semana.


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