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Por supuestamente simular que el desaparecido Bancrédito tenía liquidez suficiente para evitar una intervención que dañara la imagen de su gobierno, el expresidente Luis Guillermo Solís fue acusado por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
La pena carcelaria que establece la ley de enriquecimiento ilícito establece una sanción máxima de ocho años de prisión.
Esto es todo lo que debe saber del nuevo caso de supuesta corrupción política:
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al expresidente de la República en el período 2014-2018, Solís Rivera, y a cuatro miembros de su Gobierno, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
Los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la FAPTA señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
El delito de influencia contra la Hacienda Pública conlleva una pena de dos a ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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El delito es cometido por aquellos funcionarios que "influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin".
Una denuncia de la Contraloría ante la fiscalía en 2020 alertó del caso.
En aquella ocasión, el órgano fiscalizador del Estado detectó supuestas irregularidades en varias inversiones a corto plazo que hizo el gobierno de Solís.
Las inversiones se hicieron antes de 2018, cuando el banco público cerró por problemas de liquidez.
El problema, para la hacienda pública, es que las acciones del gobierno en materia presupuestaria aparentemente afectaron el flujo de caja del presupuesto nacional a partir de 2018, lo cual puso en peligro el cumplimiento de los compromisos de pago de Hacienda y disparó el déficit fiscal.
En determinado momento en el Congreso, se reveló que el gobierno corría el riesgo de perder unos ¢130 mil millones invertidos en Bancrédito en 2017.
Además de Solís, la fiscalía acusó a Helio Fallas Venegas, ex primer Vicepresidente y ex ministro de Hacienda, y a Sergio Alfaro Salas, ex ministro de la Presidencia.
Asimismo, la fiscalía señala a Martha Cubillo Acosta, exviceministra de Egresos y extesorera nacional, y a Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.
Los tribunales determinarán si hay elementos de juicio suficientes para elevar el caso a juicio y a partir de ahí arrancaría el proceso penal. De momento, no hay nadie sentenciado, ni tampoco se ha confirmado un juicio.
La acusación del Ministerio Público debe ser revisada por un juez para determinar si procede el juicio. De momento, el expresidente Luis Guillermo Solís no se ha referido al tema, ni tampoco está enfrentando ningún juicio.
