Los chantajistas del Gobierno y de Zapote

Es claro a toda la ciudadanía que el residente de Zapote actúa constantemente intimidando, amenazando, descalificando, burlándose de la gente, de los periodistas, de los analistas y críticos políticos, de sus opositores. Para ello había montado, como parte de su argucia a las baterías de troles.

Sus poses normales son del bravucón, del presionador, del amenazador, del extorsionista, del que espera controlar comportamientos sin dar posibilidad de elección. Por eso intimida procurando disminuir la autoestima y el valor de sus “contrincantes”, los que él escoge para atacarlos exhibiéndolos de mala forma, y manipulando, de esa manera, sus imágenes públicas, casi reduciéndolas a cosas para tratar de lograr sus propósitos. En esto hay que reconocerle al mandamás de Zapote que es eficaz y eficiente, sabiendo sacar provecho de esas situaciones, que le provocan una imagen pública fuerte, de autoridad necesaria que faltaba en el país, y bastante simpatía en las encuestas, cuando en el entorno nacional se ha venido socavando, desde hace mucho tiempo, todo lo que es “político”, la misma democracia y sus instituciones, de modo que el gobernante aprovecha la situación para presentarse como el salvador. Poco falta para que se le vea como el “Amado Líder”. Ya empezaron a soltar sus jaurías políticas en las calles alabando y ladrándole salameramente al líder.

Su intimidación, sus amenazas, su forma de extorsionar a la gente, aparte del temor reverencial que provoca, lo hace sin ofrecer compensaciones positivas. Al contrario, ofrece la violencia, la destrucción moral de su atacado y difamado, por la forma que lo hace, procurando que se actúe de una determinada forma.

Es claro que no ha entendido, hasta hoy, cuál es el papel del gobernante frente a la ciudadanía y frente a los grupos organizados, que no son parte de su argolla. Desconoce lo que es la tolerancia en todo sentido, pero especialmente la tolerancia política, que es la que debe primar en un régimen democrático y con gobernantes democráticos. Y, carece, en ese sentido de esa inteligencia política que debe adornar a cada gobernante.

Los actos del gobierno son por su esencia políticos, realizados o impulsados por el gobernante. No puede un gobernante esperar que todo se le acepte a ciegas, sin lectura de sus propuestas, sin analizar los efectos de las mismas.

Toda la vida política de Costa Rica se ha construido y desarrollado a base de conversaciones políticas, de pactos, de acuerdos, de convencimientos políticos. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821, se trazó la idea del Pacto, del Acuerdo, como conceptos para hacer caminar la nación costarricense al momento de la Independencia. Hoy tenemos su resultado enriquecido con 13 Constituciones y una inmensa cantidad de acuerdos y pactos políticos, en las más duras condiciones, que permitieron dar pasos de gigantes. Justamente en estos días podemos recordar algunos de esos Pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México, el Figueres Ulate, que se firmaron hacer 75 años, que modelaron la Costa Rica actual, surgidos esos acuerdos de las balas, del humo de los fusiles y de los 3000 muertos que cayeron en aquellos difíciles días.

El Presidente de Zapote frente a la ausencia de una guerra como la de 1948, sin contexto de ella, como Don Quijote, ha visto molinos frente a él que debe enfrentar. Dinamitar puentes, ha dicho, y todo lo que se le enfrente y obstaculice en sus propósitos y luchas es lo que amenaza hacer.

En ese afán carece el Presidente de una Dulcinea a su alcance inmediato, y ni siquiera imaginario, a quien le pueda ofrecer sus hazañas gubernativas, que no se ven. Más que una Insula Barataria quizá sueña con su Insula Zapotaria, donde él es el Gobernador nombrado, donde ejerce su gobierno como si fuera el Gerente moderno de ese feudo, en la práctica más asimilado en el ejercicio guberrnativo a Sancho Panza que al propio don Quijote.

Pues bien, nuestro gobernador de Zapotaria, ha propuesto, junto con sus escuderos parlamentarios un chantaje, una extorsión, una amenaza a los diputados. Ha propuesto en la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo que se eliminen las objeciones, que diputados del Frente Amplio han puesto al Proyecto de Ley que tiene que ver con el aumento de jornada a 12 horas diarias, a cambio de aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad ciudadana, hoy tan amenazada, tan frágil, por las acciones del crimen organizado, por la posible liberación de jefes de bandas criminales en los próximos días.

Estos proyectos de ley no se pueden mezclar porque responden a realidades y valores sociales diferentes. Urge atender la seguridad ciudadana. No urge resolver lo de aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias. Con la extensión de las jornadas la inseguridad de la vida de los trabajadores va a aumentar porque estarán en las calles hasta 14 o 16 horas diarias, por el desplazamiento, de ida y vuelta, a sus trabajos, oportunidad ideal para que sean asaltados, secuestrados o asesinados mientras esperan los buses a esas horas de la madrugada o de la noche.

Si el gobierno no atiende la urgencia de la aprobación de la Ley del Crimen Organizado, en las discusiones parlamentarias que inician en mayo, es porque al Gobierno no le interesa, como parece ser, atender el problema de la seguridad ciudadana, porque el miedo y el temor que la inseguridad produce, le favorece al gobierno para ejercer su autoritarismo, su militarismo, sus desplantes de acciones gorilescas de la policía sobre la población y periodistas. O, en el peor, y extremo de los casos, porque desde Zapotaria hay coordinación con los líderes de esos grupos delictivos, como hacen los líderes autoritarios en algunos países cercanos, para que sus actuaciones, no del todo reprimidas ni controladas, permitan alentar el ambiente de miedo y de terror, que el gobernante autoritario de Zapotaria usa y aprovecha para ejercer su dominio institucional con temor, con intimidación, como se está ejercitando en el país.

La urgencia en Costa Rica es detener el crimen organizado. Esta es la prioridad nacional en cuanto a las leyes que estarán en discusión a partir de mayo.

La forma en que los representantes del Presidente y el mismo Presidente presionan a los diputados, con el chantaje de la aprobación de los dos proyectos, los coloca en la misma situación de esos líderes criminales delictivos, que de esa forma presionan en las comunidades a ciudadanos, a trabajadores, a pequeños empresarios para pagar peajes o pagar seguridad, para asegurarles su vida o sus bienes.

El chantaje que se está proponiendo a los diputados con el trámite simultáneo de las dos leyes, en la forma que lo quiere hacer el gobierno, es un delito de amenazas, que viola un bien jurídico fundamental, el de la libertad y la intimidad de los diputados en este caso, y el de las personas en general, ya que se atenta contra el normal desarrollo de la vida de las víctimas del crimen organizado y las de sus familiares.

Ese chantaje emocional y político que se impulsa por el Gobierno y sus voceros parlamentarios es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, como suele hacerlo el Presidente.

Los diputados no deben caer en la trampa, en el engaño del trámite de los dos proyectos de ley, el de seguridad y el de jornadas de 12 horas, como si estuvieran en una balanza. El que cae por su peso, por su importancia, el que debe discutirse separada y exclusivamente es el de la Ley del Crimen Organizado.