Lo barato sale caro
Natiuska Traña natiuskatp@gmail.com | Viernes 30 septiembre, 2022
El pasado 14 de septiembre, en una noche de faroles saltó a la luz pública el decreto del Presidente Chaves de eliminar las tarifas mínimas de algunos colegios profesionales.
Entre el chirriar de dientes en medios digitales muchos salieron a oponerse a la medida, pues a algunos les parece que esto hará los servicios deficientes y a mayores costos y para otros va lograr la competencia y la mejora de los precios.
Si nos vamos a los antecedentes históricos, no es la primera vez que políticas liberales (como claramente es ésta), se escabullen y buscan la supresión de estas organizaciones. Recordemos que la idea es que el Estado intervenga lo menos posible y no se inmiscuya en las prácticas profesionales. Este intento, del liberalismo doctrinario de principios del siglo XIX falló, pues no se puede dejar de lado el peso social que tienen los “Collegia” –como se llamaban en el antiguo Imperio Romano– por su función colectiva, pública que debe regular precisamente los intereses de los profesionales y los intereses de las personas que se relacionan con ellos (los usuarios). Por lo que el enfoque principal de los colegios es tener control de acceso por estándares de calidad, conocimiento del profesional y la potestad disciplinaria.
En mi caso particular, conozco de cerca el “Arancel de Honorarios por servicios profesionales de Abogacía y Notariado del Colegio de Abogados” y la imposibilidad que establecía para cobrar menos de lo indicado en la “tabla”. Sin embargo, en el caso de los abogados, donde la competencia es mordaz –y cada año se gradúan de las distintas universidades aproximadamente 1.300 licenciados en derecho nuevos–, la experiencia ha demostrado que las alternativas baratas o de bajo costo de estos servicios, pueden parecer una ventaja para ahorrarse algunos cincos, pero igualmente pueden terminar siendo un desastre monumental.
Si los usuarios de servicios legales pierden de vista que, para temas de libertad y patrimonio, irse por la opción más económica puede implicar un costo mayor, obviaron los factores de competencia real en los servicios legales que son la experiencia, el grado de especialización y el conocimiento del Derecho.
Irse por el precio más bajo “para ahorrar” no es y nunca ha sido (existieran o no tarifas mínimas) el factor preponderante a la hora de contratar un abogado. Si no, pregúntele a quien haya tenido que contratar “al abogado caro” para que solucione el problema, quizá ahora más grande que el inicial, por no haber contratado desde el inicio al especialista.
Con esto, no estoy diciendo que pagando más va a obtener el mejor servicio, valor agregado, respaldo en la solución del conflicto –aunque casi siempre sí–. Mi mensaje final es que busque el equilibrio entre conocimiento, mayor seguridad, responsabilidad y calidad para que se cubran sus necesidades, expectativas reales y pague lo equivalente. Dejemos de estar discutiendo puntos innecesarios y enfoquémonos en lo importante, eliminar las tarifas mínimas no hace ningún cambio relevante en la prestación de los servicios profesionales.
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