Libertad y estado de derecho

La libertad es vital para la vida del hombre. La supresión de libertades de los ciudadanos para facilidad de los gobernantes es inadmisible. En democracia podemos considerar la libertad el corazón del sistema. La libertad es el objetivo que persigue el sistema. La libertad es el valor ansiado por todos, así como el autoritarismo es la magnitud que todos los demócratas rechazamos y que de instaurarse perderíamos esa libertad. Libertad y autoritarismo son antagónicos y excluyentes uno del otro.

El estado de derecho es el garante de nuestra libertad. El estado de la legalidad es el guardián de las libertades dentro de un sistema democrático. Las leyes son las columnas que sostienen las libertades de los pueblos. Atentar contra el derecho y la Constitución Política es minar la defensa de las libertades. Nunca el estado de derecho es problema para un país, otros que querrían actuar sin apego a las reglas de ley son los que generan problemas. Los funcionarios públicos no pueden hacer lo que quieren o se les ocurre sino aquello que les está permitido. Nuestro estado de derecho está diseñado para que la intervención de los tres poderes actúe dividiendo la capacidad de tomar decisiones e implementarlas, e impidiendo que uno solo de ellos haga, disponga y mande como sucedió durante la monarquía absoluta.

El estado de derecho es el guardián de los ciudadanos a quienes permite hacer todo lo que no les está prohibido de manera expresa. Los ciudadanos ejercen su libertad decidiendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, todo dentro del marco de la ley.

Los poderes del estado están sujetos a la Constitución Política primero y a las leyes después, que les limitan en su quehacer y les conducen por la ruta que el sistema democrático desea. En Costa Rica el problema no es el sistema de legalidad, no es el estado de derecho, el problema en el país es quienes tratan de actuar por encima o a espaldas de las leyes o evitar seguir la ruta de ley.

El país es dinámico como la historia lo es y sufre cambios en el tiempo. Se expande la economía, aparecen nuevas actividades y tecnologías, surgen nuevos problemas, y aparecen también nuevas oportunidades. Las leyes se van desactualizando poco a poco y es deber del Poder Ejecutivo, al detectar tales desajustes, enviar, en los períodos en los que tiene la iniciativa legislativa, los proyectos de actualización a consideración de la Asamblea. El llegar a acuerdos, el tender puentes, el buscar armonía y enfoque común es la función más importante del Poder Ejecutivo para lograr alcanzar la buena voluntad que le permita aprobar los proyectos enviados, si no tiene mayoría. Actualizar la legislación es fundamental y los poderes Ejecutivo y Legislativo deben acordar y coincidir para lograr tal actualización. El crear el ambiente propicio y la buena voluntad en torno a la legislación enviada es el corazón de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

No se puede pedir apoyo y lograr comprensión y buena voluntad en torno a las leyes cuando se ataca un día sí y otro también a los diputados. No se consiguen cercanía, coincidencias y simpatías con un garrote en la mano. La aprobación legislativa es asunto tremendamente complejo cuando se carece de la mayoría de votos en el congreso. En esa circunstancia es menester un proceso de convencimiento que no se logra con agresión, insulto, descalificación y atropello. Se logra con demonstración de hechos, de la necesidad de las transformaciones y en convencimiento de los señores diputados.

No hay democracia sin libertad. No hay libertad sin un estado de legalidad. No hay un estado de legalidad si éste está sujeto a la voluntad cambiante de algunos. La libertad está resguardada por la Constitución Política que determina el tipo de sistema y de país que deseamos los costarricenses construir para vivir en él. Las leyes son las que implementan el articulado de la Constitución Política. Si las leyes requieren actualización, para mañana es tarde el envío de buenos proyectos, sólidamente construidos.

Libertad, garantías, y el sistema que deseamos esta definido por la Constitución Política y por las leyes de Costa Rica. No son las ocurrencias pasajeras las que determinan la actualización de la ley. Es la negociación política seria la que conduce a la modernización de nuestro estado de legalidad. Preservemos la libertad y fortalezcamos nuestro sistema legal. Patriotismo e integridad.