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Independencia política del candidato es el principal escollo para nombrar a nuevo titular de la Sala IV
Liberación tiene elección de magistrado en sus manos
Diputados prevén varios meses de entrabamiento

La designación del nuevo magistrado de la Sala Constitucional es una decisión que depende del Partido Liberación Nacional (PLN). Esto, porque la única forma de que un candidato alcance los 38 votos necesarios para ocupar el puesto, es que los verdiblancos participen en la negociación para su nombramiento.
De lo contrario, las otras siete fracciones en el Parlamento son incapaces de reunir el mínimo necesario, aun si votaran todas en bloque.
Los liberacionistas son la fracción mayoritaria en el Congreso con 24 diputados, mientras que el Partido Acción Ciudadana es la segunda fuerza de oposición con apenas 11 legisladores.
Pese a que ayer estaba prevista una nueva votación para designar al magistrado, los diputados prefirieron posponerla hasta la otra semana por falta de consenso.
Desde hace año y medio, el entrabamiento en este tema ha sido evidente, debido a la intransigencia de los partidos políticos en torno al aspirante que cada uno apoya.
En ese sentido, la oposición acusa a los liberacionistas de impulsar al jurista Jorge Araya, el cual está vetado por los diputados de otras fracciones, por su vínculo con el PLN, ya que fungió como viceministro durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998) y también fue parte del comité político de dicho partido.
“Hay una gran cantidad de especialistas con un gran nivel, que son independientes. Para nosotros no es sano que personas que pertenecieron recientemente a un partido político como el señor Araya, ocupen cargos como el de magistrado de la Sala IV. Será muy difícil el nombramiento, si el PLN insiste en ese candidato o en otro que no tenga independencia”, expresó Manrique Oviedo, jefe de fracción de Acción Ciudadana.
Ante esta situación, la Sala IV ha tenido que echar mano de diversos magistrados suplentes para que se encarguen de conocer acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, generando probables inconsistencias jurídicas, ya que los fallos dependen del jurista de turno, por lo que los criterios podrían cambiar.
Asimismo, muchos de los magistrados suplentes de la Sala IV también se dedican a la actividad privada, por lo que podrían tener intereses, explicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión.
“Hasta el momento, todos los partidos esconden sus cartas, porque dar a conocer sus candidatos, sería como quemarlos. Yo no veo saliendo esto dentro de poco”, indicó Granados.
Los diputados consideran que el elegido debe tener un balance ideológico y hasta ambiental en sus decisiones, pero lo más importante es la independencia del poder político.
Sobre este tema, Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN, negó que su bancada tenga interés político en algún candidato. No obstante, reconoció que ven con buenos ojos a Araya y que la elección de los magistrados no debe salir de la esfera de la Asamblea Legislativa.
“Me parece que el multipartidismo en el Congreso ha complicado un poco el nombramiento. No es inadecuado que el Congreso nombre a los magistrados, ya que nosotros somos los representantes del pueblo, electos democráticamente”, concluyó Villanueva.

Esteban Arrieta
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