Ley para limitar gastos en Brasil tiene cada vez más opositores

La emblemática política del Gobierno brasileño para limitar el gasto público a fin de restaurar las deterioradas finanzas del país tiene cada vez más opositores dentro de la coalición gobernante.

Luiz Henrique Mandetta, un diputado del partido Demócratas y aliado del presidente Michel Temer, expresó su malestar frente a la propuesta de vincular el gasto sanitario con el índice de referencia de precios al consumidor IPCA, ya que según su percepción este no refleja adecuadamente los costos de la atención sanitaria. El diputado dijo que al menos 40 diputados del Congreso compartieron su preocupación.
“El equipo económico debe mejorar la propuesta, de lo contrario, se corre el riesgo de que los diputados, que han estado históricamente ligados a los asuntos de la atención sanitaria, tengan la influencia necesaria para impedir este proceso”, agregó, sugiriendo que se podría hacer una excepción para el gasto sanitario. “Si no lo hacemos, daremos un mensaje de que este ajuste es sobre el mercado, los bancos y los inversores”.
La administración de Temer presentó al Congreso su largamente esperado plan para limitar el crecimiento del gasto público a los niveles inflacionarios del año pasado. La propuesta es parte de una serie de medidas planificadas por el Gobierno para revertir la ampliación del déficit presupuestario y restaurar la confianza de los inversores. Para conseguir el apoyo de los legisladores escépticos, el Gobierno añadió provisiones para garantizar niveles más altos de lo esperado en cuanto al gasto sanitario mínimo.
En respuesta a los comentarios de Mandetta, el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, André Moura, dijo que el proyecto de ley provocaría un aumento de $2.800 millones en el gasto sanitario en 2017. “No podemos hacer mucho más que lo que se está haciendo”, agregó.
Se espera que el Congreso lleve a cabo la primera votación sobre la enmienda constitucional hacia el fin de esta semana. Para que se convierta en ley, debe ser aprobada por tres quintas partes de cada cámara del Congreso en dos votaciones independientes.