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Por medio de una carta pública enviada al magistrado Jorge Araya García, la presidenta Laura Fernández reiteró que “el narcotráfico está metido hasta el tuétano en el Poder Judicial”.
En la misiva, el gobierno de Fernández señala un puñado de casos en donde jueces, fiscales, narcotraficantes, agentes judiciales y hasta exmagistrados se burlan de la justicia.
Como ejemplo, la mandataria mencionó el Caso Talamanca, en donde se detuvo a un juez y un fiscal por colaborar con una banda narco. En este caso, el juez penal y el fiscal facilitaban la impunidad, devolvían bienes e inmuebles decomisados a un grupo criminal mediante resoluciones irregulares e informaban con antelación a sus líderes sobre intervenciones telefónicas.
Asimismo, mencionó el caso “Corruptela en Limón”, en donde un allanamiento condujo a la detención de técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez, en la provincia de Limón a finales de 2022. En este caso, hubo un supuesto cobro de dinero a cambio de desestimar causas y alertar sobre futuros allanamientos a grupos dedicados al tráfico de drogas; asimismo, se les relaciona con alterar actas y fechas de audiencias de medidas cautelares para beneficiar a imputados ligados al narcotráfico.
En otros casos, como “Paso Canoas” y “Sartra”, en el año 2022 y 2023, se registraron fugas de información desde el OIJ y tribunales de justicia, y por ello, fueron detenidos agentes operativos de dicho Organismo de Investigación Judicial y técnicos de salas de juicio en el Gran Área Metropolitana. Esto por su participación en la venta de claves de acceso a sistemas informáticos confidenciales, venta de bases de datos de personas investigadas y alertas tempranas a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.
Más recientemente está el caso del exmagistrado Celso Gamboa, que terminó extraditado a los Estados Unidos por ser parte de una organización de narcotraficantes, y también el caso Madre Patria; el cual “es una prueba irrefutable de esta penetración de la delincuencia organizada”. En este último caso, era una megaestructura de fraude y lavado de dinero que contó con la presunta complicidad de jueces de la República y agentes judiciales activos, quienes facilitaban información y protección a la red criminal.
“Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico”, es decir, el crimen organizado ha permeado instancias del aparato judicial. Lo anterior se puede constatar a partir de los antecedentes y casos de extrema gravedad conocidos públicamente, tales como la situación judicial y la extradición del exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa Sánchez, además de las múltiples causas penales tramitadas contra funcionarios del Poder Judicial por vínculos con organizaciones criminales”, dijo Fernández.
La carta de la mandataria responde a un desafío público del magistrado Araya, quien el miércoles, al filo de la tarde, reclamó a la presidenta la ausencia de pruebas sobre lo señalado el pasado 28 de julio.
“El pasado 28 de julio le formulé una pregunta, en mi carácter de ciudadano, a la presidenta Fernández, en la que le decía que me brinde las pruebas cuando ella afirmó; leo textualmente la carta que le remití: ‘Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico’. Los 10 días que establece la Constitución Política en su artículo 27 vencieron ayer. La respuesta de la presidenta Fernández fue el silencio”, mencionó el magistrado antes de darse a conocer la carta de la mandataria.
El diferendo entre la mandataria y el magistrado Araya es solo el último capítulo de una larga cadena de enfrentamientos que iniciaron hace tres meses, cuando Fernández asumió la presidencia de la República.
Y es que la mandataria ha cuestionado el lento avance de la justicia, la impunidad en los casos de corrupción y una supuesta alcahuetería o mano débil con criminales violentos como homicidas y narcotraficantes.
Para cambiar esta situación, Fernández exige cambiar a los magistrados titulares y así permitir que entren nuevos aires a la administración de la justicia, ya que 9 de 22 magistrados llevan más de 10 años en el cargo, siendo Orlando Aguirreel que tiene más tiempo en el puesto, con 37 años.
Más recientemente, Fernández acusó a la Sala IV de cometer un golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa. Esto, por prorrogar de manera indefinida el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala IV, hasta que el Congreso tome una decisión al respecto. A la fecha, la Asamblea Legislativa, con la bancada oficialista de Pueblo Soberano a la cabeza, ha rechazado en 11 ocasiones la nómina enviada por la Corte Suprema.
Asimismo, el 25 de julio anterior, Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, preguntó a la ciudadanía en una actividad pública si el Poder Judicial era necesario. Esto fue suficiente para que los opositores al gobierno acusaran a Laura Fernández de tener interés en convertirse en una dictadura, concentrando todo el poder político. La polémica declaración fue el origen de una marcha en San José para defender la separación de poderes. A la actividad acudieron expresidentes, excandidatos, diputados, estudiantes universitarios y funcionarios.
Finalmente, un recorte presupuestario de casi ¢3 mil millones para este año y otro de ¢27 mil millones para el 2027 en el Poder Judicial ha abierto un nuevo frente de batalla. El gobierno señala que todas las instituciones se socarán la faja, mientras que el Poder Judicial denuncia que es una forma solapada de control político.
