Laura Fernández califica de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV sobre prórroga de magistrados suplentes
Gobierno presentará una denuncia por el delito de prevaricato contra los responsables
Acompañada de los diputados oficialistas de Pueblo Soberano, la presidenta Laura Fernández calificó de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera indefinida a los magistrados suplentes del máximo tribunal.
En un mensaje de cuatro minutos, la mandataria señaló que Costa Rica no puede permitir el atropello a la Constitución Política, a la vez que aseguró que los cuatro magistrados que avalaron esa decisión “son golpistas”.
“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año pasado, del año 2025. Esto es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, quien es el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho”, dijo Fernández.
A simple vista, lo resuelto por cuatro magistrados de la Sala Constitucional violenta siete artículos de la Constitución Política, agregó la mandataria.
“Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional. Ese mismo artículo 164 señala justamente que solo la ley podrá señalar el plazo del ejercicio y las condiciones para magistrados propietarios y para magistrados suplentes. En ningún momento le otorga facultades a la Sala Constitucional”, finalizó Fernández.
Mientras tanto, Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, destacó que “hoy el Poder Judicial está siendo consecuente con la defensa de los valores más antidemocráticos que el pueblo costarricense ha visto”.
Ante esta situación, Yara Jiménez, presidente del Parlamento, presentará el lunes una denuncia por prevaricato contra los cuatro magistrados que tomaron la decisión. Se trata de Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herreray Jorge Araya García.
En una sentencia histórica para el ordenamiento jurídico costarricense, la Sala IV prorrogó el jueves por la noche el nombramiento de todos los magistrados suplentes de ese tribunal, hasta que los diputados nombren a los nuevos funcionarios judiciales.
De esta forma, siendo juez y parte, el órgano constitucional resolvió un recurso de amparo en contra de la Asamblea Legislativa.
La decisión permitirá que la Sala Constitucional realice su labor de manera normal y que los casos que no se podían resolver por inhibitoria de los magistrados titulares sean analizados y votados por los magistrados suplentes.
Para mediados de julio, al menos 120 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre medicamentos, pensiones, becas y vivienda, entre otros temas.
El proceso de nombramiento lleva siete meses en discusión y los legisladores, en once ocasiones, no han logrado ponerse de acuerdo.
Esto, porque la bancada oficialista de Pueblo Soberano (31 legisladores) ha vetado la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, que, a su vez, envió en dos ocasiones la misma nómina de 18 aspirantes para nombrar a nueve personas. Para nombrar un magistrado titular o suplente se requieren 38 votos.