¿La vida de una mujer vale más que la de un hombre?

Recientemente en el foro de Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo:

“Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

En congruencia con el mensaje del mandatario, su ministro de Justicia, Mariano Cúneo, anunció que el gobierno de Argentina eliminará la figura del femicidio del Código Penal porque implica "una distorsión del concepto de igualdad".

Muy lejanos de la verdad se encuentra lo susodicho, ya que el código penal de Argentina, similar al de Costa Rica, proveniente del denominado derecho romano, establece el concepto de penas graves, menos graves y leves que se pagan con reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Entonces, una persona sentenciada por homicidio en Argentina puede recibir un mínimo de 2 años y 6 meses de pena de reclusión, hasta prisión perpetua. El femicidio, que es definido como la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre por motivos de género, tiene cadena perpetua, para criminalizar de modo agravado la conducta delictiva.

Este tipo de imposición de sanciones mayores en determinados delitos lo hemos visto a través de la historia, no para brindar privilegios y distorsionar el concepto de igualdad, sino como medida para la prevención de transgresiones, en general, para que el condenado y terceros no vuelvan a delinquir en el futuro, tal y como se hace con los crímenes de odio -como ejemplo, el de raza- en los cuales las penas son más altas, no porque la vida de una persona negra sea más valiosa que la de una blanca. Se trata del motivo detrás del crimen, en el cual se demuestre que se subestima el valor de la persona, en un caso por el color de la piel, en el otro por el género. Cómo y por qué mataste, es lo que determina si es o no crimen de odio, si es homicidio o femicidio.

En los Estados Unidos el asesinato de cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley es considerado un delito grave con “circunstancias agravantes”, lo cual aumenta su culpabilidad con pena de cadena perpetua. Lo anterior tampoco significa que la vida de un policía o de un fiscal tenga más valor que la de un ciudadano.

En Reino Unido, la Ley de Justicia Penal exige que un tribunal tenga en cuenta como agravantes la discriminación por raza, religión, discapacidad y orientación sexual, al determinar la sentencia por una condena. Al igual que los ejemplos anteriores, no se le otorga mayor valor a la vida de personas homosexuales o discapacitadas, porque el objetivo es precisar una mayor condena como forma de disuadir la discriminación.

El concepto de “violencia de género” define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación, que generalmente es acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante. En el femicidio existe la inconfundible malicia y peligrosidad que revela una mayor intensidad del propósito criminal.

Situación alarmante de femicidios

En Costa Rica, en menos de un mes, han ocurrido cinco femicidios. Diferentes grupos han clamado respeto por las víctimas y sus familiares, y han hecho un llamado urgente a las autoridades para que frenen esta matanza, rechacen cualquier forma de violencia e implementen medidas efectivas para proteger la vida de las mujeres.

En el mundo, cada diez minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia, situación que requiere el compromiso de toda la institucionalidad de los países, como la creación de leyes que penalizan este acto delictivo, que es la forma más extrema de violencia de género.

En América Latina, excepto Cuba y Haití, los países han aprobado leyes que otorgan mayores penas a los que matan a las mujeres por motivo de género.

Sabemos que el aumento de la pena no va a erradicar los femicidios (tampoco los crímenes de odio), pero al reconocer como agravante una motivación basada en la desigualdad y supremacía de una persona sobre otra, se ayuda a construir sistemas de justicia penal más sólidos, que hagan rendir cuentas a los responsables.