Hacia una tercera república, la hora de dar el golpe de mesa

Costa Rica no necesita otra administración. Necesita una transformación de fondo. No un cambio cosmético, no una nueva liturgia de discursos bien planchados, no otra ronda de diagnósticos redactados para dormir expedientes en algún anaquel burocrático. La verdadera prueba histórica que tiene por delante la presidenta Laura Fernández (y, con ella, todo el país) consiste en convertir el mandato popular en Estado eficaz.

Su llegada al poder no debe leerse como un simple relevo presidencial. Sería un error menor, casi de notario aburrido, interpretarlo como trámite institucional ordinario. En las urnas ocurrió algo más profundo. El soberano habló, y lo hizo con una claridad que las viejas castas todavía no terminan de digerir. Después de más de setenta años de acomodos, repartos, clientelas, duplicidades institucionales, burocracias defensivas y poderes acostumbrados a confundirse con la República misma, el país decidió empujar la puerta de una nueva etapa.

Esa puerta ya estaba abierta. La empujó Rodrigo Chaves cuando rompió, sin pedir permiso, la inercia conformista que durante décadas mantuvo al Estado costarricense secuestrado por los mismos rostros, los mismos pactos y las mismas excusas. Chaves desordenó el tablero y le devolvió al ciudadano la sospecha legítima de que el viejo régimen no era invencible. Laura Fernández recibe ahora la responsabilidad mayor, dar el golpe de mesa que clausure definitivamente esa etapa y consolide la siguiente. La continuidad legítima no es repetición, es maduración. El país no votó para cambiar de rostro y conservar el mismo aparato oxidado. Votó para que la autoridad democrática deje de pedir permiso a las castas que perdieron legitimidad y deje de tratar como sagrados los privilegios que solo son antiguos.

Esa nueva etapa puede llamarse, con propiedad política e histórica, la Tercera República.

Conviene aclararlo desde el inicio. La Tercera República no es una consigna de plaza pública ni un artificio retórico para inflamar emociones. Tampoco es la demolición irresponsable de la institucionalidad costarricense. Es una reingeniería republicana, una reforma profunda destinada a devolverle al poder público su razón de ser, servir al ciudadano, producir resultados, proteger la libertad, garantizar seguridad, impulsar prosperidad y someterse a rendición de cuentas verificable. No se trata de derribar la casa común, sino de reparar sus vigas, ordenar sus habitaciones y abrir sus ventanas al siglo XXI.

El país no está enfermo por falta de aparato público. Está enfermo por exceso de aparato que no produce valor. Tiene órganos que se duplican, consejos que aconsejan poco, juntas que administran inercias, oficinas que tramitan lo innecesario y entidades que cumplieron hace décadas su finalidad histórica y siguieron vivas como fósiles con presupuesto. No hay mayor sarcasmo administrativo que una República que presume músculo institucional mientras el ciudadano hace fila, paga tributos, espera años por justicia, teme salir a la calle y observa cómo el crimen organizado avanza con mayor velocidad que los expedientes.

Hablar de reforma estatal, entonces, no es un lujo académico. Es una necesidad nacional. Aquí no cabe la cobardía elegante de quienes siempre prometen reformar y tiemblan al llegar la hora de tocar privilegios. Modernizar el Estado implica revisar, fusionar, cerrar o transformar toda institución pública redundante, improductiva o agotada en su finalidad original. No se trata de destruir por destruir, sino de distinguir lo esencial de lo ornamental, separar el Estado necesario del Estado parasitario. Una República moderna no funciona con instituciones diseñadas para otro siglo, ni gobernadas por procedimientos escritos para impedir decisiones. El ciudadano no puede seguir atrapado en un laberinto kafkiano donde nadie decide, todos se cubren y cada gestión termina convertida en procesión administrativa. La administración pública no existe para preservar organigramas, existe para resolver problemas colectivos.

La pregunta que debe atravesar cada despacho del país es brutalmente sencilla, ¿para qué sirve esta institución? Si no puede responderse con datos, evidencia y resultados, entonces sobra, debe fusionarse o debe cerrarse. Sin sentimentalismos. Sin liturgia presupuestaria. Sin esa piedad burocrática que confunde antigüedad con utilidad pública.

La Tercera República no puede limitarse al Poder Ejecutivo. Costa Rica requiere reformas constitucionales serias, técnicamente diseñadas y políticamente valientes. La Asamblea Legislativa debe volverse más representativa, más eficiente y menos vulnerable al chantaje de minorías que confunden deliberación con obstrucción profesional. El sistema parlamentario necesita mecanismos modernos para legislar con eficacia, fiscalizar con rigor y responder al mandato popular sin convertir cada decisión nacional en una guerra de trincheras.

También el Poder Judicial debe entrar a la mesa de reforma. Con respeto institucional, sí. Con independencia judicial, desde luego. Pero sin miedo reverencial. La independencia no puede degenerar en impunidad corporativa, ni la estabilidad en enquistamiento. Una democracia sana no acepta magistraturas eternizadas, círculos cerrados de poder ni jerarquías judiciales que permanecen durante décadas como si la toga fuera título nobiliario. Dos períodos deberían bastar para cualquier alta magistratura. Lo que vale para el poder político debe valer para los órganos que lo controlan. Nadie debe confundirse con la silla que ocupa.

La República necesita jueces independientes, no aristocracias con estola. Necesita justicia pronta y cumplida, no mora estructural disfrazada de complejidad técnica. Necesita un Poder Judicial capaz de enfrentar criminalidad organizada, corrupción, narcotráfico y delitos complejos sin operar con relojes administrativos de otra época. El crimen organizado no espera dictámenes. No pide prórrogas. No respeta trámites. Avanza, compra, amenaza, mata. Frente a eso, el Estado debe responder con fuerza legítima, inteligencia, coordinación y mano dura democrática.

La seguridad es el primer servicio público de cualquier República. Sin ella, la libertad se vuelve literatura, la propiedad una concesión precaria y el ciudadano honrado un sitiado mientras el delincuente administra el miedo. Librar al país del crimen organizado y del narcotráfico no es agenda policial aislada. Es política de Estado, defensa de la soberanía interna, protección de la familia, del comercio, de la escuela, del barrio y del futuro.

Pero una Tercera República no se construye solo con autoridad. También se construye con visión. Costa Rica debe proyectarse como plataforma regional de inteligencia artificial, servicios avanzados, innovación, educación de calidad y alianzas estratégicas. El mundo que viene no premiará a los países lentos, temerosos y burocráticamente satisfechos. Premiará a quienes entiendan que productividad, conocimiento y seguridad jurídica son las nuevas infraestructuras del poder nacional.

La inteligencia artificial no es una moda, es una revolución productiva. Hay que formar talento, atraer inversión, modernizar el aparato educativo, digitalizar servicios públicos, integrar datos y construir capacidades estatales para gobernar con evidencia. No puede aspirar a hub tecnológico un país donde la educación pública se deteriora, donde la formación técnica no conversa con el mercado laboral y donde demasiadas oficinas siguen funcionando como si el fax todavía fuera promesa de modernidad. Relanzar la educación en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria, técnica, universitaria y formación continua) debe ser eje central. Un país que no educa bien a sus jóvenes renuncia anticipadamente a su futuro.

La Caja Costarricense de Seguro Social también debe entrar en transformación profunda. Defenderla no es proteger sus vicios, es salvarla de la inercia, de la mora, de la captura sindical y del desorden administrativo. La seguridad social es una conquista nacional, pero ninguna conquista sobrevive si se convierte en santuario inmóvil. La Caja debe ser fortalecida, auditada, digitalizada y orientada al paciente. Su centro no puede ser el trámite, debe ser la vida humana.

Edmund Burke escribió que un Estado sin medios para cambiar carece de medios para conservarse. Esa frase debería estar grabada en la entrada de todo despacho público. Porque la verdadera conservación no consiste en momificar instituciones, sino en reformarlas para que sigan sirviendo a la nación. Quienes se oponen a todo cambio en nombre de la institucionalidad no defienden la República. Defienden sus aposentos dentro de ella.

Max Weber, por su parte, recordaba que la política es una lenta y fuerte perforación de tablas duras. Costa Rica conoce bien esas tablas, se llaman privilegio, gremialismo, judicialización abusiva, burocracia defensiva, miedo a decidir y cultura del “no se puede”. La tarea de Laura Fernández será perforarlas con método y temple. Sin furia innecesaria, sin vacilación. Sin atropellar la ley, pero sin permitir que la ley sea usada como coartada para impedir el mandato democrático.

El país no necesita una presidenta decorativa. Necesita conducción, planificación estratégica, gobernanza, indicadores, metas, evaluación, consecuencias y visión de largo plazo. Necesita un Estado que deje de pedirle permiso al pasado para construir el futuro. La Tercera República, en último término, debe ser una República de resultados, donde la democracia no se mida solo por procedimientos sino por su capacidad de producir seguridad, justicia, salud, empleo, prosperidad y esperanza. Donde los cargos dejen de ser tronos, las instituciones dejen de ser vitrinas y la patria vuelva a estar por encima de toda casta.

Rodrigo Chaves abrió la grieta. Laura Fernández tiene en sus manos la oportunidad histórica de ensancharla hasta convertirla en cauce permanente. Si asume el gobierno con grandeza, método y coraje, su mandato será recordado no como una administración más, sino como el punto de inflexión en que Costa Rica decidió romper con el pasado y recuperar su destino.

El soberano ya habló. Ahora corresponde gobernar.

Y gobernar, en esta hora, es dar el golpe de mesa.

M.Sc. Milton Madriz Cedeño

Politólogo, especialista en gestión pública y gobernanza