Financiando las universidades estatales

Muchas de las universidades más prominentes internacionales poseen una organización paralela (fondo de inversión) que se puede usar a la discreción del rector y de su consejo directivo. Normalmente financiado por la “Asociación de Ex Alumnos” este fondo puede invertir dinero por encima del escalafón para contratar un profesor famoso y experto en su disciplina, para construir edificios, o para pagar becas. Aparte tienen una Fundación donde profesores pueden colocar sus proyectos de investigación generados con fondos independientes y que requieren gastos especiales.

Llama la atención de que las universidades estatales costarricenses no han organizado una estructura similar. Mi experiencia en una de estas instituciones, ubicada en Heredia, es que los docentes y estudiantes de izquierda se oponen a este tipo de organización porque “algunos profesores ganarían más que otros.” Fomentaría emprendedurismo entre los docentes; habría “empresarios” entre los profesores y si hay algo que no toleran los camaradas es “iniciativa privada.”

Ambas de las universidades grandes entre los estatales poseen una fundación del segundo tipo, pero no los promueven mucho. El resultado es que casi no hay “estrellas” entre sus docentes—personas que han hecho descubrimientos en los laboratorios que curan una enfermedad o que han creado una forma nueva de estudiar un fenómeno. En estas instituciones un “estrella” es algún político (ex ministro) que da clases quizás buenas, pero probablemente teñido con propaganda política. Profesores que han publicado un libro que ha sido traducido y que es de gran venta internacionalmente hay demasiadamente pocos.

El profesor popular (que no quiere decir “bueno”) es uno que incita a sus estudiantes a marchar al Ministerio, Asamblea Legislativa o Casa Presidencial, exigiendo más dinero para la universidad. Todavía más popular si les favorece con buenas notas a los que marchan para alguna causa vigente—ahorita anti semita es favorito como tema.

Al no tener Asociación de ex Alumnos y un fondo creciente creado por donaciones de los profesionales favorecidos con una educación superior casi gratuito en un país con recursos limitados, los rectores están forzados a mendigar cada cierto período para pedir del gobierno dineros. Argumentan que son “autónomas” pero en cuanto a plata casi no tienen nada que no proviene del erario. No les gusta tener que explicar porque en promedio un educando pasa nueve años en sus aulas a un costo muy elevado mientras que por un titulo similar de un centro universitario privado toma cuatro años y no recibe dinero del erario. El argumento que las privadas son “centros vocacionales” suena a los “intelectuales” de las estatales, pero no entre el grupo estudiantil cada vez más numeroso que asiste a alguna privada.

En una universidad estatal en el exterior donde laboré como decano, el dinero se recibía del gobierno usando una fórmula muy estricta. Se daba un monto especifico por cada estudiante registrado tiempo completo (dos semestres, cuatro materias por semestre) por año. No había negociaciones y pocas distorsiones. Para los profesores que traían dinero para sus investigaciones y que publicaban la vida era buena—para los mediocres no tanto.

cdenton@cidgallup.com