Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 13 Enero, 2014

Hoy se vuelven a plantear como buenos objetivos muchas medidas cuyos perjudiciales efectos ya sufrimos


Disyuntivas

Fijación de precios y desabastecimiento

23 años después de la gran crisis del inicio de la década de los años 80 todavía no hemos vuelto a los niveles de bajos aumentos de precios que teníamos antes de 1970, esto incluso a pesar de los muy buenos resultados en inflación del año que recién terminó.
Además del empobrecimiento de un 30% de la población, de la duplicación del desempleo, de la pérdida de su educación secundaria para un 20% de quienes la recibían en 1980 que no se recuperó sino hasta 1998, de la rebaja del año escolar de 216 días a 166, la inflación fue otro legado cruel que desde entonces hemos sufrido los costarricenses.
Esa crisis fue fruto de un modelo económico intervencionista que pretendió alcanzar el desarrollo aislándonos del comercio internacional con un sistema proteccionista de la producción industrial nacional; pretendió dirigir la producción y el consumo con cientos de precios fijados por decreto: unos mínimos y otros máximos; pretendió promover el crecimiento con crédito subsidiado asignado por el Banco Central a los diversos sectores; pretendió generar empleo con nuevas empresas estatales y dirigir la vida económica con infinidad de regulaciones gubernamentales que llegaron al extremo de ordenar a algunas empresas a quienes y en que proporciones debían vender sus productos.
Hoy se vuelven a plantear como buenos objetivos muchas de esas mismas medidas cuyos perjudiciales efectos ya sufrimos.
Ciertamente sufrimos de mayor desigualdad y la pobreza no ha disminuido en este siglo XXI. Para combatir esos graves males algunos proponen tres instrumentos que harían crecer la inflación: aumentos sin sustento del gasto público que ya es deficitario; incrementos desorbitados de los salarios mínimos y una expansión monetaria acelerada por estímulos artificiales al crédito. Con medidas de ese tipo la inflación sería un caldo de cultivo para que la fijación de precios aparezca como seductor espejismo, al estilo de la Venezuela actual. Ya se oyen propuestas para hacerlo con medicinas y otros bienes.
Forzando la letra y el espíritu de la ley se podría argumentar que el artículo 5 de la “Ley de promoción de la competencia y protección efectiva del consumidor” da al ejecutivo atribuciones para fijar precios sin necesidad de nueva legislación. Se podrían, pues, imponer administrativamente.
¿Sería esa una política conveniente para las familias pobres de Costa Rica?
La historia ya milenaria de controles de precios y la teoría económica nos dicen que no.
La fijación de precios puede surtir el efecto deseado —manu militari— sobre los inventarios de bienes existentes al tiempo de su emisión: así se podrían vender por un breve lapso a precios más bajos que los costos de reposición, no obstante los que se esconderán o acapararán a pesar los esfuerzos policiales. Pero su efecto inmediato posterior es disminuir o eliminar la producción o la importación de esos bienes, así que desaparecerá o al menos disminuirá drásticamente su cantidad en el mercado, pues solo se ofertarán aquellos pocos producidos con altísimas productividades y muy bajos costos.
Desdichadamente, como sabemos, el efecto negativo del desabastecimiento lo sufrirán las familias de ingresos medios y bajos. Los ricos, si fuera preciso viajar al exterior para comprar una medicina o papel higiénico, lo harán. ¿Y los demás?
¿Hay alguna justificación racional para ese tipo de medidas?
No, ninguna.

Miguel Ángel Rodríguez