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Implementación de técnica tendría un alto costo para la institución
Fertilización asistida golpearía finanzas de la Caja
“Somos un país feliz, todo es pura vida, pero deberíamos ser más conscientes, ¿qué podemos financiar?”, dice Rosa Climent, gerente médica de la institución
Al margen de la discusión ética y religiosa, la eventual aplicación de la técnica de fertilización asistida, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, sería un fuerte golpe no solo a las finanzas de la institución, sino también a los servicios que reciben los asegurados.
Aunque las autoridades de la Caja no manejan un estimado de lo que tendrían que invertir para implementar dicho procedimiento, lo cierto es que se trata de millones de dólares anuales, en momentos en que la institución tiene tareas urgentes, como acabar con las largas listas de espera de hasta cuatro años, contar con suficientes profesionales y resolver problemas estructurales en los hospitales.
El temor de la Caja respecto a que el congreso avale el proyecto de fertilización asistida, se sustenta en que para cada embarazo se gastaría entre $15 mil y $20 mil.
Esto, porque a pesar de que la técnica cuesta entre $5 mil y $8 mil en países como Panamá, México y Colombia, solo en un 10% de los casos el procedimiento es exitoso en la primera ocasión.
En ese sentido, un informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa sobre el costo financiero de aplicar esa técnica, se calcula que al menos unas 18 mil mujeres se someterían al tratamiento en las próximas dos décadas para quedar embarazadas, por lo que el gasto de la Caja oscilaría entre $270 millones y $300 millones.
Aunado al costo de los procedimientos, la institución tendría que invertir en una clínica especializada, comprar equipo técnico y capacitar profesionales de las ciencias médicas, para que desarrollen la técnica. El monto se estima en “millones de dólares”.
“Si ya tenemos problemas de financiamiento, la obligación de implementar esta técnica vendría a hacer otro problema más que nos están trasladando, porque con los mismos ingresos que tenemos hoy, tendríamos que financiar otros procedimientos más. Esta es una técnica de primer mundo, que además es muy nueva”, expresó Rosa Climent, gerente médica de la Caja.
En caso de que la institución se vea obligada a realizar ese procedimiento, no quedará más remedio que hacer un balance de las principales inversiones de la Caja, lo que afectaría el servicio que reciben los asegurados, reconoció Climent, quien pidió a los legisladores que de aprobar la fertilización asistida, le den el contenido económico a la Caja, para que pueda hacerle frente a la nueva obligación.
“Somos un país muy feliz, todo nos parece muy sencillo y pura vida, pero los costarricenses alguna vez deberíamos aterrizar y ser más conscientes sobre lo que podemos financiar”, agregó Climent.
El debate sobre la aprobación o no de esa técnica inició en 2001, cuando diez parejas plantearon un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de dicho procedimiento en el país.
En agosto pasado, la Comisión brindó su informe sobre el tema y obligó a Costa Rica a avalar la técnica, por lo que el congreso inició un debate en torno al tema.
Desde entonces, dicho organismo ha dado cuatro plazos al país, para no sancionarlo. Este lunes se iniciaría su trámite final en el parlamento; sin embargo, el tema tiene un pronóstico reservado sobre su aprobación, ya que en casi todas las bancadas existe división entre los legisladores.
“La fertilización asistida es más que un proyecto que permite ser padres, es un procedimiento vinculado al aborto, a la criopreservación, a la comercialización, al desecho y a enfermedades para niños y madres. Además de eso, en caso de permitirse, le estaríamos dando un golpe letal a la Caja, que tendría que asumir costos millonarios para implementar esta técnica”, expresó Carlos Avendaño, legislador de Restauración Nacional.
El proyecto que se discute en el Congreso no establece directamente que la Caja tendría que asumir la implementación de la fertilización asistida, pero al ser contemplado por la Comisión como un derecho humano, la Sala IV podría interpretar posteriormente, que a la institución le correspondería tutelar ese derecho.
Pese a las advertencias de la Caja, hay diputados como María Eugenia Venegas, de Acción Ciudadana, y Gloria Bejarano, de la Unidad Social Cristiana, que indican que el impacto económico no sería tan fuerte.
Asimismo defienden el derecho de las mujeres a procrear.
“Los costos para la Caja a mí no me asustan, porque sé que con planificación se puede atender. Me preocupa más la discriminación que se haría para las mujeres pobres del país, porque las mujeres que tienen recursos, se hacen el tratamiento en otro lado, pero las que son pobres, no tendrían posibilidad y creo que eso es una forma de discriminación”, indicó Bejarano.

Esteban Arrieta
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