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La falta de nombramiento de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional mantiene estancado el proceso de desafuero contra Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y expresidente de la República.
La situación obedece al conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa para completar las vacantes de la Sala IV, lo que impide integrar el Tribunal de Corte Plena que debe conocer el expediente.
Este jueves, Patricia Solano, presidenta de la Sala III, confirmó la situación durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
Chaves es investigado por la presunta creación de una estructura de financiamiento ilegal durante la campaña electoral de 2022, cuando era candidato del partido Progreso Social Democrático. En caso de una eventual condena, se expone a una pena de entre cuatro y seis años de prisión.
“Hasta que se designe al menos un magistrado suplente de la Sala Constitucional se podría integrar el Tribunal de Corte Plena para conocer el asunto. Entonces, de eso depende”, explicó la magistrada Solano.
A mediados de julio, al menos 123 expedientes permanecían sin resolución debido a la falta de magistrados suplentes de la Sala IV.
El problema se arrastra desde hace siete meses y afecta los casos en los que un magistrado propietario debe inhibirse, excusarse o ausentarse por posibles conflictos de interés. Entre esos expedientes figura el proceso contra Chaves.
Si el bloqueo político continúa, la cantidad de casos pendientes seguirá aumentando.
La Corte Suprema de Justicia remitió oportunamente al Congreso una nómina de candidatos; sin embargo, ni la anterior ni la actual Asamblea Legislativa han logrado reunir los 38 votos necesarios para efectuar los nombramientos.
La disputa se intensificó cuando la Corte retiró la lista de 18 aspirantes que había enviado al Congreso. Posteriormente, este miércoles, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, devolvió nuevamente la comunicación al Poder Judicial y solicitó el envío de una nueva nómina de candidatos.
La investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2022 también involucra a otras figuras políticas, entre ellas Pilar Cisneros, el diputado Stephan Brunner y el excanciller Arnoldo André.
“Que dejen de hablar de persecución política; lo que hay aquí es un proceso judicial legítimo, con una acusación formal de la Fiscalía, que no puede avanzar porque falta un nombramiento que la propia bancada del Gobierno se niega a votar. Eso no es persecución: es impunidad construida a propósito”, afirmó el diputado José María Villalta del Frente Amplio.
Si el proceso avanza, la Corte Suprema de Justicia deberá solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de Chaves para que pueda ser juzgado. No obstante, esa gestión tendría pocas probabilidades de prosperar, ya que se estima que los 31 diputados oficialistas votarían en contra del desafuero.
