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La acelerada incorporación de vehículos eléctricos en Costa Rica está generando un reto urgente: la disponibilidad de puntos de carga.
Con una flotilla eléctrica en crecimiento, cada vez más conductores se enfrentan a la falta de estaciones para recargar, situación que en ocasiones los obliga a recorrer largas distancias o conducir con la preocupación constante de quedarse sin batería.
Ante esta necesidad, el sector privado ha comenzado a desempeñar un papel clave al instalar cargadores en empresas, centros comerciales, zonas francas, hoteles, condominios y otros espacios.
Este avance está convirtiendo a las estaciones privadas en una alternativa viable para los usuarios y en un complemento estratégico a la infraestructura pública existente.
En este contexto, compañías como CREV, especializada en soluciones de carga para vehículos eléctricos, se han posicionado como actor clave y aliado estratégico del sector.
“Actualmente contamos con cuatro cargadores público-privados que ya han entrado en funcionamiento. Se trata de una alianza tripartita en la que el capital extranjero, a través de nuestra plataforma y en conjunto con instituciones gubernamentales, ha permitido crear acuerdos para instalar puntos de carga tanto públicos como privados”, dijo Rafael Marín, gerente regional de CREV.
No obstante, uno de los principales desafíos es el alto costo asociado a la instalación de cargadores rápidos, lo que limita su expansión y dificulta que más empresas o establecimientos puedan incorporarlos.
El rol de los gobiernos locales surge entonces como pieza fundamental. Una adecuada planificación desde las municipalidades se perfila como una opción para acelerar la disponibilidad de espacios para cargadores en zonas de alto tránsito o interés público.
“Los proyectos de electromovilidad en las municipalidades que cuenten con presupuestos y planes definidos son fundamentales para que, de forma integral y sostenible, los usuarios tengan más opciones”, señaló Marín.
Ante la ausencia de una estrategia local más sólida y estructurada, las iniciativas privadas se han convertido en un motor de crecimiento para la electromovilidad.
En algunos casos, ofrecer puntos de carga se ha transformado en un valor agregado para empresas y zonas francas, donde los colaboradores pueden recargar sus vehículos durante la jornada laboral.
Los requisitos principales para instalar cargadores privados son contar con la capacidad eléctrica necesaria en el sitio y gestionar un medidor independiente destinado a esa operación.
Los usuarios y negocios del sector privado encuentran en empresas como CREV un aliado para ampliar la red de carga eléctrica mediante múltiples soluciones que se adaptan a sus necesidades.
“Actualmente contamos con una red proyectada de 100 puntos, que esperamos tener instalada para el cierre de este año. Esto ha sido posible en gran parte gracias a la inversión privada. Estas soluciones han sido más ágiles, ya que no requieren trámites adicionales o requisitos extra”, añadió Marín.
Mientras la infraestructura pública avanza gradualmente, el sector privado está aportando dinamismo y rapidez para atender la demanda de cargadores en el país.
