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Para mediados de junio, al menos 87 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre medicamentos, pensiones, becas y vivienda, entre otros temas, y, a la fecha, no han obtenido una respuesta por una lucha de poderes entre los partidos políticos para nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV.
El proceso lleva siete meses en discusión y los expedientes estancados corresponden a casos en donde un magistrado titular se inhibe, excusa o ausenta de una votación por posibles conflictos de interés.
En ese sentido, si el problema político persiste, los casos se seguirán acumulando.
La Corte Suprema de Justicia cumplió con remitir al Congreso una nómina de candidatos, pero los diputados del anterior Congreso y de la nueva Asamblea Legislativa no han logrado los 38 votos necesarios para concretar los nombramientos.
Asimismo, la Corte decidió devolver la nómina de 18 postulantes que ya había enviado al Congreso, lo cual agravó más la disputa política.
Incluso, la mandataria Laura Fernández calificó el hecho “como un berrinche” del Poder Judicial.
“Le voy a decir francamente lo que a mí me parece, porque yo para las cosas políticas viera que me cuesta. Eso es un berrinche. Eso es un berrinche del Poder Judicial (…) ¿Qué es esa falta de respeto a la Asamblea Legislativa? Entonces, bajo esa lógica, como a mí me manden un criterio del Poder Judicial negativo de un decreto, yo diría, ¿sabe qué? Poder Judicial, le vuelvo a mandar el mismo, ¿qué me importa? O sea, que es esa chabacanería con asuntos tan delicados”, dijo Fernández.
Por su parte, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) acusó al oficialista Pueblo Soberano de bloquear la elección de los magistrados suplentes.
“Pese a los atestados, preparación y cualidades técnicas y éticas de los 18 magistrados postulantes, el oficialismo insiste en bloquear la elección de suplentes de la Sala Constitucional, demostrando una preocupante falta de compromiso con la institucionalidad democrática y con el funcionamiento pleno del sistema judicial costarricense”, indicó la bancada mediante un comunicado.
El PLN advirtió que la ausencia de suplentes retrasa la resolución de recursos constitucionales y perjudica a quienes acuden a esa instancia en busca de protección de sus derechos.
“Cada día que pasa sin suplentes elegidos, se acumulan casos vitales que quedan sin resolución, afectando directamente a personas, familias y comunidades que dependen de la acción pronta y efectiva de esta instancia”, señalaron los diputados.
Los verdiblancos hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que permita completar la integración de la Sala Constitucional, al considerar que “ningún cálculo político justifica la parálisis de la justicia constitucional”.
En ese sentido, Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, defendió la posición del oficialismo y aseguró que la Sala Constitucional continuará funcionando con normalidad, a la vez que calificó las advertencias de la oposición como “populismo”.
“La elección de magistrados y magistrados suplentes es de las más importantes que tiene la Asamblea Legislativa, y por eso tenemos que hacerlo con responsabilidad. Necesitamos analizar la idoneidad, la trayectoria, el perfil de las personas, pero, particularmente, ¿cuál es su vocación? Por eso la acusación de la oposición de que nosotros estamos perjudicando a los costarricenses es puro populismo”, afirmó Acosta anteriormente.
Uno de los reclamos más comunes por parte de los costarricenses ante la Sala IV es la demanda de acciones oportunas por parte de la CCSS. Hoy día, mueren 8 personas cada 24 horas esperando ser atendidas por la seguridad social.
El diputado sostuvo, además, que la Sala Constitucional mantiene su capacidad operativa para atender recursos de amparo y otros procesos.
“No es cierto que con esta decisión no van a tener alguna posibilidad de resolver sus problemas sobre medicamentos, sobre amparos o sobre las diferentes opciones que tienen al asistir a la Sala Constitucional, que sigue estando conformada. Lo que hemos hecho hoy es decirle que las personas que estaban en esa nómina tienen que ser cambiadas. Por eso la devolvimos y por eso estamos actuando de manera responsable para que podamos nombrar magistrados por los próximos cuatro años, no es por una ocasión, son cuatro años”, agregó.
