Espiar el celular también es violencia digital y puede ocasionar consecuencias psicológicas y legales

Revisar el celular de una pareja, familiar, amistad o incluso de un colega de trabajo no es un gesto inofensivo ni una simple curiosidad.

Se trata de una forma de violencia digital y psicológica que atenta contra la privacidad, la autonomía y la dignidad de las personas, de acuerdo con Tatiana Cartin, docente de Psicología de la Universidad Fidélitas.

La especialista explicó que cuando este tipo de conducta se repite deja de ser un acto aislado y se integra en esquemas de control coercitivo, cuyo objetivo es limitar la libertad y el espacio personal de la víctima.

En estos escenarios, el espionaje digital no aparece de manera casual, sino como parte de patrones sistemáticos de abuso y vigilancia.

Desde el punto de vista legal, el ordenamiento jurídico costarricense contempla distintas figuras que pueden aplicar a estas prácticas.

Entre ellas se encuentran la violación de comunicaciones, tipificada en el artículo 196 del Código Penal, y el acceso indebido a sistemas informáticos, regulado en el artículo 217 bis.

En contextos de relaciones de pareja, este tipo de conductas también puede configurarse como violencia psicológica, según la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

A ello se suma la Ley General de Protección de Datos Personales, que reconoce el carácter inviolable de la información y las comunicaciones privadas.

Las consecuencias emocionales para quienes sufren este tipo de invasión pueden ser profundas.

La psicóloga alertó que la vigilancia constante genera climas de miedo, desconfianza y humillación, y que en algunos casos las personas afectadas desarrollan síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático, disminuyen su autoestima o se aíslan socialmente.

Aunque este fenómeno suele asociarse a relaciones de pareja atravesadas por celos o conductas violentas, también puede presentarse en entornos familiares y laborales.

Adolescentes y jóvenes figuran entre los grupos más expuestos, porque se ha normalizado el acceso sin control a la vida digital.

Cartin advirtió además sobre el riesgo de discursos que minimizan el problema, como la idea de que “quien no tiene nada que ocultar no debería molestarse”.

Estas narrativas trasladan la responsabilidad a la víctima y refuerzan estructuras de control y subordinación incompatibles con relaciones basadas en el respeto y la equidad.

"Celos excesivos, inseguridad, necesidad de control y normalización de la vigilancia son indicios de conductas abusivas que no deben ser toleradas. La privacidad es un derecho, no un privilegio”, concluyó la profesional.