España inhibida de reubicar familias

Los políticos españoles que tratan de amortiguar los golpes de la austeridad planean utilizar viviendas ejecutadas para albergar a personas necesitadas, lo que desalienta la inversión extranjera y amenaza con violar los términos del rescate europeo de los bancos del país.
Los gobiernos regionales de Andalucía, que tiene la mayor cantidad de propiedades desocupadas del país, y del destino turístico de las Islas Canarias, planean expropiar viviendas ejecutadas durante tres años para albergar a familias desplazadas.

La Comisión Europea ha pedido al gobierno del primer ministro Mariano Rajoy detalles sobre las medidas de las regiones para asegurarse de que no entren en conflicto con los compromisos del país.
“Es tercermundista, populista y similar a las políticas que se ven en Bolivia y Corea del Norte”, dijo Mikel Echavarren, máximo responsable ejecutivo de Irea, una firma de reestructuración con sede en Madrid que ha brindado asesoramiento sobre 22.000 millones de euros de refinanciamiento.
“Los inversores temen que siente un precedente y que otras regiones sigan esos pasos, lo que convertiría la inversión en bienes raíces españoles en una actividad de riesgo muy elevado”.
El Partido Popular de Rajoy ha instrumentado las medidas de austeridad más estrictas de la historia democrática del país para reducir los crecientes costos crediticios, que el año pasado llevaron a España al borde de un rescate. Si bien confiscar viviendas podría suavizar el impacto, la medida amenaza con complicar la tarea del gobierno de cumplir con las condiciones de un paquete de rescate de 41.000 millones de euros para el sector bancario, lo que comprende la venta de 50.800 millones de euros de activos inmobiliarios malogrados que se transfirió al “banco malo” del país con un retorno para los inversores.
“Hablamos de un elemento clave, un elemento muy importante que concierne a la ayuda financiera que la Unión Europea ha dado a los bancos”, dijo el viernes la viceprimera ministra, Soraya Sáenz de Santamaría en una conferencia de prensa en Madrid.
Ese acuerdo “nos obliga a cumplir con determinadas obligaciones, pactos y memorandos. Todos tenemos que trabajar juntos en el tema de las ejecuciones para adoptar decisiones equilibradas”.
La inversión inmobiliaria en España ya es arriesgada luego de la explosión de una burbuja inmobiliaria de 10 años en 2008, lo que llevó al país a la recesión e hizo que el desempleo alcanzara un récord de 27%.
En España se han dispuesto unas 400 mil ejecuciones desde el comienzo de la crisis, lo que ha desencadenado una ola de manifestaciones y piquetes en casas de políticos para denunciarlos por los desalojos.
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo que las medidas de las regiones asfixiarán el crédito hipotecario, mientras que el presidente del banco más grande de España las calificó de una idea “terrible”.
Andalucía, la más populosa de las 17 regiones autónomas de España, emitió el mes pasado el decreto por el que permite la confiscación de viviendas que ejecutaron bancos y desarrolladores para albergar a familias que han perdido su casa y que cumplen con determinados requisitos de bajos ingresos.
A cambio, las entidades crediticias recibirán un 2% del valor de las propiedades por año y podrán recuperar la posesión legal pasados tres años, según el decreto del 9 de abril.

Bloomberg