Es hora de reconocer y corregir

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Los pluses al salario base en el sector público, nacieron para premiar el buen desempeño y luego se generalizaron perdiendo el carácter de incentivo

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Es hora de reconocer y corregir

Es importante analizar el documento presentado por el Gobierno de la República de anteproyecto de ley para el Reordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector público, porque detalla puntualmente dónde están los abusos permitidos que comenzaron a generar, desde hace ya bastante tiempo una gran desigualdad salarial.
En primer término hay que reconocer el hecho de que hay diferencias inaceptables en los salarios base para puestos similares, al punto de que en una institución, por ejemplo, un trabajador auxiliar gana ¢235.765 mientras que en ese mismo puesto, en otra entidad, el colaborador recibe un sueldo de ¢603.731. Para un gerente de área la diferencia puede ser de cuatro veces más.
Es en el ámbito de las retribuciones adicionales, nos dice el citado documento, donde se encuentran las disparidades más evidentes que reciben personas con igual formación, con responsabilidades similares e igual cantidad de años de servicio.
Las retribuciones adicionales al salario base en el sector público, nacieron como una forma de estimular la excelencia y premiar el buen desempeño.
Sin embargo, estas gratificaciones luego se generalizaron a todos los funcionarios perdiendo el carácter de incentivo y volviéndose algo sumamente costoso para la sociedad costarricense que es quien debe sostenerlo con el pago de sus impuestos. Se tornó entonces en algo injusto, debemos agregar.
Por otra parte, estas diferencias provocaron la aparición de un ambiente de trabajo negativo que, según lo reconoce el propio documento del gobierno, “obstaculiza la provisión de los servicios públicos de calidad que en el pasado propulsaron el desarrollo del país”.
A todo lo anterior, desde luego, hay que agregarle la importante tarea de analizar la remuneración de otros trabajadores públicos como pueden ser, para citar solo dos casos, el salario de educadores y policías, en muchos casos mal remunerados.
Es decir, que hay una importante y perjudicial desigualdad e inequidad en lo que se paga dentro del sector público.
Ahora bien. Esta reflexión no puede dejar de lado el hecho fundamental de que todo esto ha venido sucediendo por la desidia de los jerarcas correspondientes que lo impulsaron o permitieron. Por eso, corresponde ahora a la acción de gobierno corregir los errores reconociéndolos.