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La grave crisis educativa que vivimos los costarricense claramente documentada en el Décimo Informe del Estado de la Educación (EE) es la coyuntura que debería ser aprovechada, con vocación irrenunciable de servicio a la Patria, para construir, como propone el EE, un “ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL DE EDUCACIÓN”, que nos permita superar dicha crisis, afectante del futuro desarrollo humano integral de nuestra niñez y juventud y causa de patologías sociales.
Los costarricenses debemos recibir con optimismo, determinación responsabilidad y esperanza la propuesta contenida en el Décimo Informe del Estado de la Educación 2025: el “País debe recuperar el pacto educativo nacional por la educación para reconstruir visión, capacidades y gobernanza educativa. //… el país necesita con urgencia recuperar y fortalecer el pacto educativo nacional por la educación, entendido como un acuerdo político y social que restablezca el valor público de la educación y su papel estratégico como pilar del desarrollo humano, la equidad y la democracia. Este pacto debe considerarse como un compromiso entre el Estado, las comunidades educativas y la sociedad civil para dotar al sistema de visión de largo plazo, continuidad técnica y capacidad de implementación. (Pág. 153)”. Propuesta fruto de la investigación, rigurosa y responsable, de la aguda crisis de nuestro sistema educativo – opinión de muchos -, direccionada a superar el alarmante rezago que presenta la educación costarricense, tanto por las condiciones no siempre favorables en las que se desarrolla el proceso educativo, como por los resultados internos de nuestro sistema y en las evaluaciones y ránquines internacionales (PISA, OCDE).
Sobre tan retadora, fundamentada y urgente propuesta es pertinente recordar que se han dado, tiempos atrás, iniciativas y planteamientos puntuales sobre la solución de problemas específicos de nuestra educación, ampliamente divulgados y comentados. Y el Estado de la Educación (EE) ha sido reiterativo, claro y contundente en sus informes bianuales sobre lo que debe hacerse en tal dirección; sin que, a la fecha, lamentablemente, se hayan aprovechado para construir ese “Acuerdo Político y Social” de largo plazo. Ciertamente, iniciativas, estudios, estadísticas y diagnósticos conocidos dan base suficiente para elaborarlo. Solo serían necesarios liderazgos y voluntad política.
Las distintas iniciativas de especialistas y organizaciones del sector educativo, incluidas las de los actuales candidatos a la Presidencia de la República, que persiguen mejorar la calidad y equidad de nuestra educación, no son suficientes por sí solas; aunque coincidentes, parcialmente, en puntos esenciales con los formulados, de manera holística, en el Décimo Informe. Sí, dignos de considerar en la estructuración de un “Acuerdo Político y Social de Educación”, como lo menciona el EE, que, además, supere el cortoplacismo.
No hay duda de que concretar un “Acuerdo Político y Social de Educación” con respaldo político consensuado, sostenible, de los diferentes actores e instituciones, resulta un esfuerzo de complicada organización, administración y sostenibilidad política; no obstante, el valioso y orientador contenido del Décimo Informe del Estado de la Educación sí podría ser bien aprovechado por el Consejo Superior de Educación, con autoridad legítima según el mandato constitucional, artículo 81, y el MEP, dada la riqueza de análisis, información, datos y propuestas del EE, a los efectos de elaborar una “política pública integral de educación” de largo plazo. Por su parte, las universidades públicas, artículo 85 constitucional, con la dirección de Conare y en armonía con la Comisión de Enlace, en fructífero entendimiento, podrían, igualmente, considerar lo planteado en el Décimo Informe por el Estado de la Educación para el progresivo mejoramiento de la educación universitaria.
Lo anterior, considerando que la aguda crisis nacional de nuestra educación no se resuelve solo con iniciativas individuales, grupales, estudios parciales o en una sola administración de gobierno, si no con un esfuerzo colectivo, fecundo y continuo, libre de egocentrismos, de banderas partidarias e individualismos institucionales y sectoriales.
Pensando en los resultados de las elecciones nacionales del próximo año y considerando la premura y conveniencia nacional de disponer de una “política pública integral de educación” de largo plazo, sería ilusionante que el partido ganador de las elecciones, en febrero próximo, asuma el compromiso patriótico de impulsar y apoyar ese proceso participativo desde el MEP y el Consejo Superior de Educación en lo que les corresponde, con el ineludible respaldo presidencial y la solidaria colaboración de instituciones, sectores y especialistas vinculados a la educación costarricense.
Sin titubeos, el país necesita voluntad, determinación, inteligencia, humildad y el compromiso patriótico de las diferentes institucione y sectores, a efectos de superar los verdaderos y serios problemas educativos del país y darle mejor y mayor impulso al futuro desarrollo humano integral de nuestra niñez y juventud, esencia y razón de la anhelada propuesta del EE y cometido supremo del Consejo Superior de Educación y del Ministerio de Educación Pública.
