En el país de las focas

Estamos viviendo una contienda de principios fundamentales, con herramientas de propaganda que atizan los comentarios ignorantes con verdades parciales o mentiras frontales.

Una tormenta de propaganda al estilo de Joseph Goebbles: Una gestión en la que mentira tras mentira genera, al menos una verdad percibida. Un lavado de cerebro que hace que pueblos enteros, con niveles de alta inteligencia y avanzada preparación académica caigan en un adormecimiento profundo. Un conjunto de “verdades deformadas” que forjan el nuevo imaginario, presuntamente verdadero.

El pueblo de Costa Rica es altamente permeable por la propaganda. Basta con ver a nuestros representantes legislativos; un mostrario penoso de ignorancia ilustrada que conforman el Poder Legislativo.

Si entre los padres y madres de la Patria nos encontramos con una corta visión para dilucidar temas técnicos, allende al pegado de banderas, en el pueblo adoctrinado esta capacidad de visión disminuye aún más, en medio de una red de mentiras empaquetadas desde Casa Presidencial y su equipo de seguidores de Goebbles.

La Ley Jaguar tiene muchas estelas de humo y un fin de cercenar las facultades de la institucionalidad nacional. Desmiembra las atribuciones y deberes de la Controlaría General de la República. Tocar las facultades de una entidad de derecho público es tocar sus deberes.

La convocatoria al referéndum es dejar hacer y dejar pasar cualquier cosa, con base en el falaz argumento de dar de vuelta el poder al pueblo, quien tomaría desde las calles decisiones de alto nivel de complejidad jurídica.

Es usar al pueblo como soberano, pero su soberanía fue condicionada de manera que, ante cualquier discurso emitido por el Poder Ejecutivo, al más puro estilo de los perros de Pavlov, están condicionados. Se mueven como focas ante el sonido de las vociferantes y ensañadas palabras del Presidente de la República.

Veamos ahora lo técnico de la propuesta de Referéndum, necesario para evitar caer en la perversa trampa de no argumentar, sino solo pintar de epítetos, tal como lo hacen quienes lo proponen y se caracterizan por alimentar los fuegos del odio y crear una escisión profunda del tejido social costarricense.

Costa Rica es el miembro 38 de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico); un gran honor y una gran responsabilidad como actores de la generación de políticas públicas modelo y de normas de referencia para países miembros y no miembros de la Organización.

Somos forjadores de políticas y manuales de mejores prácticas para la convivencia social, la mejora del bienestar y la procura de una sociedad más equitativa. ¡Vaya responsabilidad!

Dice la Misión de la OCDE: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.”

La misión es un compromiso de todos los países miembro, sin ambages ni excepciones convenientes.

Este gobierno se caracteriza por usar los referentes de países OCDE para los asuntos que le conviene dentro de su máquina de propaganda.

Pero más allá de lo que destaca Zapote, en materia de gobernanza la OCDE tiene postulados neutrales y estrictos para lograr que el mundo sea un sitio de mejor convivencia en aspectos políticos, ambientales, gubernamentales, sociales y económicos.

Basta leer dentro del amplio acerbo de ricos documentos de la OCDE, el denominado “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Integridad Pública” https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf que hace notar la conveniencia de contar con una estrategia contra la corrupción que propicie la confianza y el bienestar de los agentes sociales en todo su conjunto.

Un sistema de gestión de la integridad reza el documento, debe tener un trípode de principios rectores: un sistema de integridad coherente y completo, una cultura de integridad pública y la rendición de cuentas eficaz.

Un sistema de integridad coherente y completo implica altos riesgos y oportunidades. Por ejemplo, en la contratación pública, una materia en la que la función de la Contraloría es clave, se desaprovecha la prosperidad económica y social en un 13% de los países de la OCDE e implican hasta un tercio de los PIB de los mismos países. Una necesidad de reforzar las labores de gestión integral en contra de la corrupción.

El sistema integral y coherente debe contar con al menos los siguientes compromisos:

- Compromiso del más alto nivel de las instituciones;

- Una clara separación de funciones para la labor de gobernanza:

o Quienes deben ejecutar

o Quienes deben controlar, Un aspecto que es el meollo del mencionado referéndum.

- Diseño de estrategias y mecanismos para el aseguramiento de la integridad y el cumplimiento de objetivos.

- Reglas y valores en el sector público, que sean reflejados en las leyes y políticas organizativas

- Un ambiente de comunicación con eficacia, tan ayuno en muchísimos aspectos de la gestión pública.

Respecto a la cultura de integridad pública, el documento indica que tanto los sectores públicos como los agentes privados e individuos se deben plantear la defensa de la integridad, repudiando cualquier forma de corrupción.

El liderazgo de cada institución debe inspirarse en el fomento de la integridad, como agenda de gestión. Debe aplicar criterios de meritocracia, procurar el emplear individuos cualificados que tengan el compromiso con los valores que se describen en el documento.

El texto de la OCDE se refiere a la formación de servidores públicos que cuenten con las habilidades y capacitación para aplicar normas de integridad; así como la apertura para que los planteamientos de integridad se puedan discutir de manera amplia y sin temores. Un ambiente proclive a la denuncia de la falta de integridad.

La rendición de cuentas eficaz inicia con una clara definición de gestión de riesgos, con un sistema eficaz de administración y control de riesgos de integridad en el sector público.

¿Quién si no la Contraloría, en su función de orden preventivo, está constitucionalmente dotada del fuero necesario para lograr este fin?

Respecto a las sanciones, el texto de la OCDE explica que debe existir una debida investigación, detección y aplicación de sanción. En cuanto a la supervisión, explica que los órganos de supervisión de las agencias de cumplimiento normativo y los tribunales administrativos deben llevar a cabo actividades de control externo.

Por último, en cuanto a participación, se refiere a que un gobierno transparente y abierto permite la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo e implementación de las políticas públicas.

Hasta aquí la síntesis del documento de la OCDE.

Ahora bien, ¿cómo sin el conocimiento arriba compartido se pretende que la “ley jaguar” vaya a ser votada por un pueblo adiestrado como los perros de Pavlov?

No es de recibo que un país se someta al arbitrio de los caprichos de un presidente que se quiere saltar las funciones constitucionales de la Contraloría, poniendo carroña a los buitres para excitarlos; haciéndoles creer que sus capacidades dan para ir a las urnas a ver un plural de temas para empezar y muy cordalmente uno de los más complejos: El del mecanismo de operación control y gestión de la Contraloría General de la República.

El pueblo es soberano, de eso no tengo la menor duda. Pero lo es en el tanto y en el cuanto tenga las destrezas, las capacidades y habilidades respecto de los temas y asuntos sobre los que se le someten a votación, de otra forma, convertimos al soberano en esclavo de su propia ignorancia.

Convertimos al pueblo en cómplice de un golpe mortal al Estado de derecho, para privilegiar oscuros intereses de los que el pueblo soberano será, a la vez, víctima de la usura de llamarle a votar para hacer una verdadera operación embarre.

El pueblo, el verdaderamente soberano debe evitar convertirse en un país de focas que aplauden a todo grito e insulto de quien temporalmente nos gobierna, aunque ha afirmado estar en un país que es una dictadura completa.