Empresas en Costa Rica pagan el doble de cargas sociales en relación con el promedio de la OCDE

Establecer una empresa en Costa Rica es caro y engorroso con respecto a otros países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Y es que la normativa costarricense hace que las compañías radicadas en suelo nacional paguen el doble por concepto de cargas sociales al Estado, en relación con el promedio que pagan otras naciones en el Club de los Países Ricos.

En estos momentos, los empleadores cancelan cargas sociales que llegan hasta el 24% del salario total de sus trabajadores, mientras que en la OCDE el promedio es de 12%.

Hasta que esta situación no se resuelva, el desempleo y la informalidad seguirán reportando cifras elevadas, según la organización, ya que esto limita la posibilidad de que esos recursos se utilicen para contratar más personas, invertir en tecnología o innovación, entre otras áreas.

Por si el elevado gasto no fuera suficiente, las empresas tienen que enfrentar una maraña burocrática que limita la competencia y la inversión, agrega la OCDE.

“Es preocupante que 45 personas de cada 100 no coticen, ni tributen por estar en la informalidad y entonces hay que hacer una cirugía de corazón abierto, pero principalmente a las cargas sociales que recaen sobre los patronos ya que bajarles ese monto, les daría más oxígeno para aumentar su competitividad y contratar”, destacó Daniel Suchar, analista financiero.

A finales de 2019, las autoridades introdujeron cargos de planilla más bajos para los empleadores.

La reducción fue por solo cuatro años y dirigida a las pequeñas empresas con un máximo de cinco empleados.

Sin embargo, el plan tuvo poco impacto y fue adoptado por muy pocas empresas.

Se han realizado varias mesas redondas con los actores sociales para discutir cómo impulsar la formalización, pero estos esfuerzos no han resultado en ninguna iniciativa política significativa, afirma el informe de la OCDE.

En estos momentos, las cargas sociales y otros impuestos representan un 37% del salario de los trabajadores y el 72% de ese monto lo cancelan las empresas.

Alrededor del 35% de los cargos de planilla se destinan a financiar instituciones como Fodesaf, el INA y un banco estatal.

Esas instituciones deben ser financiadas a mediano plazo en su totalidad a través del presupuesto general, recomienda la OCDE.

“Se requiere una estrategia integral, con acciones necesarias en varias áreas de política, como reducir los costos laborales no salariales, facilitar la creación de empresas formales, reducir el costo burocrático y económico de establecer una empresa formal y simplificar los impuestos”, asegura el informe.

Otra alternativa para hacer más progresivas las contribuciones a la seguridad social es reducirlas o eliminarlas para trabajadores de bajos ingresos.

La pérdida de ingresos asociada podría compensarse con otras medidas para aumentar los ingresos.

“Sin duda alguna, se requieren acciones concretas para ser una nación más próspera y desarrollada, pero hay que recordar que la primera evaluación se hizo hace dos años y que ya se lograron avances y reformas importantes. Ahora este informe debe servir para establecer política pública de la fotografía económica y social del país”, aseguró Mónica Segnini, presidenta del Consejo Nacional de Competitividad.