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Ampliación de periodos de gracia y plazos de pago permitiría que no se afecte la suficiencia patrimonial
Empresarios piden hasta 36 meses más para pagar deudas
Al menos cuatro de cada diez compañías han enfrentado problemas para acceder a créditos

Wilmer Murillo
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La ampliación de hasta 36 meses en los plazos para repagar los créditos es vista por los empresarios como la mejor medida para hacer frente a las dificultades económicas actuales y evitar eventuales medidas de emergencia.
Ese alargamiento del plazo para servir las deudas bancarias se podría lograr —a juicio de los empresarios— sin distorsionar la política monetaria a la que se amarró el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un crédito precautorio de $735 millones.
“Creemos que tampoco se afectaría la suficiencia patrimonial de los bancos”, dijo Carlos Federspiel, empresario y dirigente de la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep).
Esta variable (la suficiencia patrimonial) determina qué monto de los activos ponderados por riesgo están cubiertos con el patrimonio y hoy está fijado en un 10%.
Se trata de opciones planteadas que se acompañan de un pesimista resultado de la encuesta trimestral de negocios de la Uccaep, que concluyó que “la confianza empresarial está de capa caída”.
Por primera vez el índice empresarial de confianza se ubicó en un 3,81%. Con una escala de uno a diez, en la muestra menos de cinco es mal.
Cuatro de cada diez empresarios han tenido problemas para acceder al crédito en los últimos seis meses para lo cual es urgente la implementación y el ajuste de la normativa financiera para ayudar a las empresas a contar con recursos a un costo asequible para operar.
“Recordemos que existe una relación directa e inversa entre el crédito y el desempleo, ya que a menor crédito mayor desempleo”, dijo Manuel H. Rodríguez, presidente de la organización cúpula del sector empresarial.
Las empresas necesitan contar con crédito a costo razonable para seguir generando empleo, afirmó.
Con inventarios altos y sin ventas sobrevendrá el desempleo, indicó por su parte Jaime Molina, ex presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.
No obstante, existe normativa que penaliza a los bancos cuando hacen una readecuación de pagos a sus clientes. De ahí que empresarios y los bancos claman por cambios en los indicadores de suficiencia patrimonial, rentabilidad mínima y otros.
“Creo que en estos momentos se antoja una visión del problema menos institucional y más de país, sin dejar de lado los indicadores financieros”, reconoció Alfredo Volio, director del Banco Nacional.
“En momentos en que el país vive en una situación como la actual, es conveniente flexibilizar temporalmente algunos de los indicadores que buscan disminuir el riesgo de la actividad bancaria”, explicó por su parte Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos y Entidades Financieras.
Se trata de desafíos para el nuevo superintendente de entidades financieras, Francisco Lay, quien asegura que “los planteamientos indicados deben ser resueltos por los intermediarios.
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