Empleo público avanza por la cuerda floja una vez más

Una vez más el proyecto de empleo público que pretende establecer un mismo salario por puesto laboral en el sector estatal avanza por la cuerda floja.

Y es que al reanudarse esta semana el debate de la iniciativa en el plenario, diversos actores volvieron a hacer advertencias sobre la legalidad de la iniciativa, a la vez que la presión para detener el proyecto crece entre los empleados públicos, sindicatos y funcionarios de universidades.

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Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que irá una vez más a la Sala IV, para plantear “una consulta facultativa”, al considerar que la iniciativa podría ser inconstitucional al violentar el principio de separación de poderes.

Esta es la segunda vez que los magistrados se oponen al proyecto de ley, ya que anteriormente presentaron un recurso ante el máximo tribunal.

“El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial y que establecen la rectoría general del Ministerio de Planificación sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados”, dijo la Corte en un comunicado.

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La normativa que discuten los legisladores y que tendrá que ser votada una vez más en primer debate por orden de la Sala IV, le otorga autonomía al Poder Judicial, las municipalidades, las universidades públicas y las instituciones autónomas como la Caja, según los diputados defensores del proyecto como Laura Guido del PAC.

Sin embargo, los magistrados de la Corte tienen dudas al respecto.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

“Las universidades han hecho un análisis exhaustivo y ya habían adelantado los vicios que la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República manifestaron, pero lo volvemos a decir: este es un proyecto que pasa por los elementos centrales de la autonomía y solo en el caso de las universidades manifiesta 13 inconstitucionalidades clarísimas”, dijo Francisco González, rector de la UNA.

En el sector público, hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.

La propuesta en cuestión es cuestionada por algunos diputados y candidatos presidenciales como Welmer Ramos, del PAC.

“Este proyecto sigue adoleciendo de una serie de errores, como inmiscuirse en la división de Poderes, dándole la rectoría del empleo de todo el Estado al Ministerio de Planificación y esto es muy peligroso para la democracia”, dijo Ramos.

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que estima Pilar Garrido, ministra de Planificación, cuando se apruebe la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa.

La idea, es que ningún funcionario nuevo gane más que el Presidente de turno, lo que equivaldría a unos ¢7 millones.

La iniciativa de empleo público es de vital importancia para continuar con el crédito ampliado que firmó el país con el Fondo Monetario Internacional y que garantizaría estabilidad económica al país.