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18 magistrados acuerdan ir a la Sala IV otra vez por “ilegalidades” en empleo público

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 01 diciembre, 2021 10:55 a. m.


Fernando Cruz, presidente de la Corte. Archivo/La República.
Fernando Cruz, presidente de la Corte. Archivo/La República.


Al considerar que persisten las “ilegalidades” en la ley de empleo público, la Corte Plena acordó ir a la Sala IV una vez más para presentar una consulta facultativa en contra de ese proyecto de ley.

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En total, 18 magistrados avalaron la decisión, a la vez que solo dos se opusieron.

“El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial, que establece la rectoría general del Ministerio de Planificación sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados”, dijo el Poder Judicial en un boletín de prensa.

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La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

El proyecto de empleo público ya había sido votado en primer debate, pero los magistrados de la Sala IV la declararon ilegal, por lo que los diputados volverán a discutir la iniciativa una vez más. Anteriormente, la Corte también había presentado una consulta facultativa.

En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.



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