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Empleo público avanza en medio de dudas

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 09 noviembre, 2021 08:45 am

Ana Lucía Delgado, diputada del PLN. Archivo/La República.
Ana Lucía Delgado, diputada del PLN. Archivo/La República.


Con el respaldo de 32 diputados y la advertencia de supuestas ilegalidades por parte de legisladores de la Unidad, el proyecto de empleo público avanza para votarse una vez más en primer debate.

Este lunes por la tarde, se conocieron los dos dictámenes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, la cual, eliminó una serie de artículos considerados ilegales por la Sala IV.

Ahora, el proyecto pasa a un proceso de “consultas”, con el objetivo de obtener la opinión de diversos sectores que serán impactados por la nueva ley.

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“Los efectos directos del voto se ven reflejados en los cambios propuestos en el dictamen de mayoría. No es inconstitucional que se someta a la ley marco de empleo público al sector estatal, siempre y cuando se respete la división de poderes”, dijo Ana Lucía Delgado, diputada del PLN.

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que estima Pilar Garrido, ministra de Planificación, cuando se apruebe la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, que volverá a votarse en primer debate por disposición de la Sala IV, ordenaría el régimen de salarios de la administración pública, al crear un puñado de categorías salariales, a la vez que establece un monto máximo para toda la administración pública.

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La idea, es que ningún funcionario nuevo gane más que el Presidente de turno, lo que equivaldría a unos ¢7 millones.

En los casos en que un trabajador ya tenga una remuneración por encima de ese monto, se le congelarían los incentivos y los aumentos salariales por costo de vida.

Por otra parte, se fijaría un salario global para toda la administración pública, con el objetivo, de que se pague el mismo salario en todas las instituciones estatales por iguales responsabilidades.

Sin embargo, para algunos legisladores se trata de un proyecto lleno de ilegalidades.

“El procedimiento adecuado además generaría el espacio para construir una verdadera reforma estructural del empleo estatal. No solo el procedimiento es incorrecto, sino que el texto sustitutivo propuesto por la mayoría de diputados mantiene falencias significativas, que tendría un costo mayor para los costarricenses. Este proyecto así como está y con el procedimiento que están siguiendo los demás diputados, no solo es inconstitucional, sino que se desconoce el costo que tendría en las finanzas del país. Con la redacción que pretenden va salir más caro el caldo que los huevos”, dijo Pedro Muñoz de la Unidad.


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