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Viernes 12 Marzo, 2010

El solidarismo en el sector público

Este periódico publicó un interesante reportaje titulado “Ticas recortan brecha en el poder”. En dicho estudio hay un recuadro, cuya fuente es el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se enumeran las ventajas laborales que tienen las mujeres en el sector privado y en el público. Ahí se indica que una de las ventajas que ofrece el sector privado a las mujeres, es la existencia de asociaciones solidaristas, lo cual es cierto. No obstante, al citar los beneficios que otorga el sector público a las mujeres no se indica la existencia de asociaciones solidaristas, lo que constituye un desconocimiento de la realidad institucional. Esta situación puede explicarse debido a que en el INAMU no hay asociación solidarista. Mas lo real es que funcionan más de 60 organizaciones solidaristas en todo el sector público, las cuales benefician a sus funcionarios. Hay asociaciones solidaristas en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Asamblea Legislativa, en la Contraloría General y en la Defensoría de los Habitantes, en los Poderes Judicial y Ejecutivo. En el sector bancario público hay en el Banco Central, en el Banco de Costa Rica, en el de Crédito Agrícola de Cartago y también en el Banco Popular. Asimismo las tienen otras instituciones, entes y empresas públicas, como el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense de Seguro Social (que posee la asociación solidarista más grande con más de 28 mil afiliados), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Radiográfica Costarricense, la Liga Agrícola e Industrial de la Caña y la Junta de Protección Social. En el sector universitario estatal tienen asociaciones el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Consejo Nacional de Rectores, la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional. También las hay en algunas municipalidades. Los solidaristas de los sectores público y privado gozan de beneficios e incentivos tales como la transformación de la cesantía en un derecho efectivo, pagadero en todo caso de terminación de la relación laboral, reconocimiento de excedentes anuales superiores al aguinaldo, concesión de créditos blandos para la construcción de vivienda, ahorros premiados con el pago de las tasas de interés más elevadas del mercado, créditos subsidiados para la compra de equipo de cómputo, para estudios, para salud y recreación, así como para enfrentar emergencias o imprevistos. Todo esto lo sabe muy bien la presidente electa, doña Laura Chinchilla, quien respaldó el proyecto que otorga rango constitucional al movimiento solidarista. Ella manifestó su disposición de estudiar la posibilidad de que el Gobierno fomente el solidarismo en el sector público, así como de homologar, paulatinamente, la contribución de las administraciones públicas a las asociaciones solidaristas, hasta alcanzar el 5,33% del salario de cada funcionario.

Juan Rafael Espinoza Esquivel
Abogado