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Miércoles 21 Diciembre, 2011

El problema del alijo

Los costarricenses estamos conscientes de la necesidad de mejorar la recaudación con el fin de enfrentar el enorme déficit fiscal. Por primera vez se mostró públicamente el tamaño del engendro. La incapacidad es emblemática en algunos ministerios. Existen en el país bandas dedicadas al contrabando que, por razones conceptuales, se saltan al fisco sin colgarse de garrochas ni guindarse de bejucos. Perfumería, licores, computadoras, teléfonos celulares y resplandecientes 4x4, son apenas cinco ejemplos del descomunal alijo.
El viernes negro fue más oscuro de lo pensado. Ese día se movió mercancía escogida de antemano para ser distribuida en comercios camuflados de honorables y legales. Los medios de comunicación han denunciado en múltiples ocasiones la existencia del problema. Es imposible competir leal y formalmente cuando la industria y el comercio son golpeados por estructuras ilegales protegidas por un sistema permisivo y charlatán.
La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el estado con la finalidad de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le corresponden como tal. La organización Transparencia Internacional calcula que la corrupción y la incompetencia les cuestan a los latinoamericanos un promedio de $30.000 millones al año.
Matina era reconocida en tiempos de la colonia como el cuartel general de los piratas. Por razones estratégicas el innoble título le corresponde ahora llevarlo a Moín. No hay que ser sabios ni adivinos: las mismas autoridades reconocen que desde ese lugar, y rebasando las inspecciones existentes, se introducen al país miles de artículos ilegalmente. Paradójicamente, el ejercicio se repite diariamente sin que Aduanas modifique los sistemas control.
La iniciativa legal en esta materia descansa en dos ejes:
a- Definir las competencias y facultades que pueda ejercer la Administración Pública en métodos de fiscalización, y b- El aspecto sancionatorio. Ambos tienen como objetivo fundamental evitar la corrupción pública y privada sancionando severamente el contrabando y la defraudación.
El frenazo y posterior rechazo, es un hecho que enardece a los promotores del fenecido plan fiscal. Ciertamente, ellos mismos, por apresurados y glotones, provocaron el celebrado funeral. Los ministros de Seguridad, de Hacienda y el de la Presidencia, deberían terminar con los pucheros y trabajar arduamente en este tema para lograr que la Hacienda Pública se enderece sin aplicarle nuevas cargas a la sociedad. El diputado Villanueva siempre clama por dinero, pero no legisla para que estos desmadres se detengan al menos de forma parcial. Los intereses del país se encuentran sobre los de cualquier orgullo herido o pactos de oportunidad.
El contrabando no permanece oculto. Lo exhiben en vitrinas, lo vocean en las calles o lo envían por medio de servicio expreso al agazapado comprador. Solo al PLAC se le ocurre solicitar diezmos navideños en medio de tanta corrupción. No es igual sacrificar a todo un pueblo que hacerle el harakiri a un pobre chancho destinado a formar parte de un apetitoso tamal… ¡Quedó porcinamente comprobado que el castigo siempre les llega a quienes nos desean el mal!

Jorge Castro Guardia