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Durante años, el debate sobre las pensiones en Costa Rica se ha manejado con eufemismos, consignas tranquilizadoras y una peligrosa mezcla de negación y pereza intelectual. Se repite que “la Caja no está tan mal”, que “todavía hay reservas”, que “hay tiempo para discutirlo después”. La verdad es que, cuando uno mira los números fríos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), descubre que ya entró en una fase de desequilibrio real y persistente.
El IVM es, en esencia, un contrato intergeneracional. No funciona como una cuenta de ahorro personal donde cada quien recibe lo que acumuló, sino como un esquema solidario de reparto con un fondo de reserva parcial. Las pensiones que se pagan hoy salen principalmente de las cotizaciones de los trabajadores activos de hoy, complementadas por los rendimientos de un fondo que se acumuló cuando el país era joven y la relación entre trabajadores y jubilados era holgada. Ese modelo solo se sostiene si hay suficientes cotizantes para financiar a quienes ya se retiraron. Y ahí está el corazón del problema.
Hoy, en Costa Rica, apenas cinco cotizantes sostienen a cada pensionado del IVM. En 1970, esa relación era superior a 30 cotizantes por 1 pensionado. En 1990 ya había caído a alrededor de nueve. En 2010 rondaba ocho. En 2023 cayó por debajo de cinco. La tendencia no es coyuntural ni reversible; responde a cambios demográficos profundos y permanentes. Nuestro país dejó de ser un país joven. La tasa de fecundidad cayó a niveles históricamente bajos, alrededor de 1,24 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. La esperanza de vida, en cambio, sigue aumentando y ya supera los 81 años, con proyecciones de 84 años hacia 2050. Es decir, cada año hay más personas entrando a la edad de jubilación y menos jóvenes incorporándose al mercado laboral. En 2024, un 11% de la población tiene 65 años o más, y en 2050 será cerca del 25%.
Este cambio demográfico, por sí solo, ya tensionaría cualquier sistema de reparto. Pero en Costa Rica se combina con un mercado laboral que no logra absorber ni formalizar a toda la población en edad productiva. Cerca del 40% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no cotiza al IVM. La cobertura efectiva del régimen ronda apenas el 63%–66% de la población ocupada. Es decir, aun dentro del grupo que podría sostener el sistema, una parte importante está fuera del esquema contributivo, ya sea por informalidad, desempleo intermitente o trayectorias laborales fragmentadas.
Cuando se juntan estos factores, la consecuencia es clara: los ingresos por cotizaciones crecen mucho más lento que los gastos en pensiones. Desde 2012, los ingresos corrientes del IVM no alcanzan para cubrir el gasto anual en pensiones. Durante años, esa brecha se disimuló utilizando los intereses generados por el fondo de reserva. El fondo seguía ahí, nominalmente intacto, pero ya no crecía. El interés dejó de capitalizarse y pasó a usarse para pagar el faltante.
En 2025, ni siquiera los intereses alcanzaron. La CCSS tuvo que retirar alrededor de ₡50.000 millones del principal de la reserva para poder pagar las pensiones. Esto ocurrió dieciséis años antes de lo que proyectaba la valuación actuarial más reciente. A partir de ese momento, el IVM dejó de estar en una fase de uso pasivo de rendimientos y entró en una fase de descapitalización. El fondo, que hoy ronda los ₡2,6 billones, empezó a reducirse en términos reales.
Aquí conviene desmontar varias excusas que suelen aparecer en el debate público. La primera es la idea de que el problema se resolvería cobrando la morosidad. Sí, existe morosidad patronal y de trabajadores independientes con la CCSS, por montos que rondan los ₡500.000 a ₡600.000 millones. Incluso si se recuperara hasta el último colón —algo poco realista—, ese dinero alcanzaría para cubrir apenas unos meses de pago de pensiones. El déficit actuarial del IVM no se mide en cientos de miles de millones, sino en decenas de billones. La propia valuación actuarial estima un déficit de alrededor de ₡74,6 billones en valor presente. Pensar que la morosidad arregla esto es confundir un problema de liquidez puntual con un problema estructural de solvencia.
Otra excusa frecuente es que el Estado “pague lo que debe”. El Estado efectivamente arrastra una deuda histórica con el IVM, cercana a los ₡769.000 millones. Que el Estado la pague es justo y necesario, y mejoraría la posición financiera del fondo en el corto plazo. Pero incluso si ese pago se hiciera de inmediato, solo alargaría la vida del fondo algunos años. No cambia la relación entre cotizantes y pensionados, no altera la demografía, no corrige el desbalance entre ingresos y egresos. Es un alivio temporal, no una solución de fondo.
También aparece la narrativa de la mala gestión o la corrupción. Sin minimizar la importancia de la transparencia y la eficiencia, lo cierto es que no hay evidencia de que el problema del IVM sea un desfalco o una administración irresponsable del fondo. Las principales auditorías y estudios externos coinciden en que el régimen ha sido razonablemente bien gestionado y que su crisis obedece a variables demográficas y paramétricas. No hay un robo de ₡74 billones. Hay un sistema diseñado para una sociedad que ya no existe.
Este diagnóstico tiene una implicación necesaria: ningún sistema puede repartir más de lo que produce de manera sostenida. La solidaridad no suspende las leyes de la aritmética. Durante décadas, el IVM fue viable porque había muchos trabajadores jóvenes financiando a pocos jubilados y porque el país crecía demográficamente. Ese contexto desapareció. Pretender mantener intactas las reglas del juego, como si nada hubiera cambiado, es una forma de populismo intergeneracional, porque se promete estabilidad hoy a costa de cargar un ajuste brutal sobre los jóvenes del mañana.
Las proyecciones actuariales son claras. Aun con las reformas aprobadas en 2021, que eliminaron gradualmente la jubilación anticipada sin reducción, ampliaron el período de cálculo a los mejores 25 años y aumentaron las cotizaciones, el fondo del IVM se agotaría alrededor de 2047 si no se hacen nuevos cambios. Y eso bajo supuestos relativamente optimistas de crecimiento económico, formalidad laboral y pago puntual de las obligaciones estatales. Con los desvíos recientes, como el aumento inesperado de jubilaciones anticipadas antes de que entraran plenamente en vigor las nuevas reglas, ese horizonte podría adelantarse.
¿Qué ocurre si no se hace nada y el fondo se agota? La Constitución obliga al Estado a pagar las pensiones, lo que trasladaría el problema directamente al presupuesto nacional. Eso implicaría impuestos más altos, más deuda pública o recortes en otras áreas, en un país que ya tiene finanzas públicas frágiles. En la práctica, sería convertir un problema previsional en una crisis fiscal permanente. Y, como se dice popularmente, “no hay almuerzo gratis”. Si el IVM no se ajusta, la cuenta llegará igual, solo que por otra vía.
La experiencia internacional refuerza este punto. Países con sistemas públicos de reparto mucho más grandes y ricos que el nuestro han tenido que aumentar edades de retiro, subir cotizaciones o ajustar beneficios. España, Portugal, Italia y Uruguay han hecho reformas impopulares porque la alternativa era peor. Algunos lo hicieron tarde y de manera abrupta, con costos sociales enormes. Otros lo hicieron antes, de forma gradual. Costa Rica todavía está a tiempo de elegir el segundo camino, pero el margen se estrecha cada año.
Por lo cual, la discusión no debería ser si se reforma o no el IVM, sino cómo repartir el costo del ajuste de la manera menos dañina posible para la libertad económica, el empleo y la dignidad de las personas mayores. Eso implica hablar con honestidad de todas las opciones: aumentar gradualmente la edad de retiro conforme a la esperanza de vida, seguir ajustando las cotizaciones sin asfixiar la formalidad, revisar la fórmula de beneficios para que refleje mejor las trayectorias reales de aporte y fortalecer los pilares complementarios de ahorro y las pensiones no contributivas financiadas con impuestos generales, en lugar de cargar todo sobre la nómina laboral.
Negar el problema no protege a los pensionados actuales ni a los futuros. Al contrario, aumenta el riesgo de un ajuste desordenado, impuesto por la realidad y no por una decisión racional. El IVM no está en crisis porque alguien lo haya querido destruir, sino porque el país cambió y el sistema no se ajustó a tiempo. Seguir vendiendo tranquilidad artificial puede ser rentable políticamente hoy, pero es profundamente irresponsable con quienes están empezando a trabajar y con quienes aún creen que jubilarse en Costa Rica será un derecho garantizado sin condiciones.
Un régimen de pensiones no es una promesa eterna escrita en piedra; es un contrato económico que debe adaptarse a la realidad si quiere sobrevivir. Y hoy, la realidad del IVM es clara: con cinco cotizantes por un pensionado, usando reservas para pagar pensiones y con un déficit actuarial que se mide en decenas de billones, seguir como si nada no es una opción viable para nuestro país.
María Lucía Arias Núñez
Estudiante de Economía Empresarial y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) maluarias1609@gmail.com
