La concesión dada a la empresa OAS para reparar y remodelar la carretera San José-San Ramón es políticamente insostenible, jurídicamente atacable y moralmente indefendible

De cal y de arena

Doña Laura: lea la historia y sepa rodearse

Hace 50 años la ciudad de Cartago ardía. Sus habitantes —que venían padeciendo las desgracias de un pésimo suministro de electricidad— reaccionaron airados ante el anuncio de que las tarifas eléctricas serían incrementadas fuertemente.
Su paciencia se había colmado desde que las autoridades de gobierno y del ICE convirtieron el proceso de negociación demandado por los cartagineses en un “plato de babas”, grave error de cálculo sobre las razones y dimensiones de la ira popular.
La violencia finalmente llegó (Joaquín Alberto Fernández, alto funcionario del ICE y tío del actual Ministro de Transportes, el inefable Pedro Castro Fernández, tuvo que poner pies en polvorosa espantado a tomatazos) y la sangre corrió, con saldo fatal.
De aquel movimiento emergió indiscutible el liderazgo provincial de Emilio Piedra; también un modelo de generación y distribución de electricidad, JASEC.
Otra explosión de ira popular se dio en 1970 en torno al contrato que ALCOA negoció para explotar los yacimientos de laterita del Valle de El General.
Gobierno y empresa convinieron en el formato de un contrato-ley. El Congreso lo aprobó el 24 de abril y esa misma noche, con inédita e imprudente rapidez, recibió la sanción presidencial cuando ya las calles hervían, la Asamblea era apedreada y las brigadas policiales eran desbordadas.
Las masas estaban convencidas de que el país había transado “oro por abalorios” y su rabia presagiaba lo peor. ALCOA, con el contrato-ley en la bolsa, optó por no ejecutarlo y por retirarse años atrás durante el mandato de Oduber.
El mismo fenómeno político-social se dio en torno al “Combo ICE”, proyecto dirigido a privatizar la prestación de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones. Con el voto de 45 diputados a favor y diez en contra, se aprobó en primer debate el 20 de marzo de 2000.
El repudio popular fue igualmente masivo, ruidoso, desafiante, señal indiscutible para el Presidente Rodríguez de que tenía que recular.
El 4 de abril un acuerdo nacional retiró el proyecto de la agenda parlamentaria y días después la Sala Constitucional lo echó abajo al acusar vicios procesales en su trámite.
Quienes hoy nos gobiernan —párvulos, en opinión de unos; inexpertos políticos, para otros; tercos para las grandes mayorías— bien harían en repasar las páginas de la historia para darse cuenta de que las bayonetas sirven para muchas cosas, no para sentarse en ellas.
La Presidente Chinchilla debe entender que la concesión dada a la empresa OAS para reparar y remodelar la carretera San José-San Ramón es políticamente insostenible, jurídicamente atacable y moralmente indefendible.
Tarde o temprano, el contrato y el Ministro Castro van a “cantar viajera”. Será el precio para salvarle el pellejo a doña Laura, en una reedición del costo político que tuvo que pagarse en los tiempos de los Presidentes Orlich, Trejos y Rodríguez.
Aun así, del pozo en que ha caído la administración Chinchilla por este asunto no va a salir fácilmente ni sin la marca del desprestigio que acarrean los contratos leoninos.

Álvaro Madrigal

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