Diputados cristianos corren para aprobar ley que restringe FIV a solteras

Los diputados del bloque cristiano corren para convencer a sus homólogos de otros partidos para aprobar una ley que restringe la fertilización in vitro (FIV) a las mujeres solteras, entre otras limitaciones.
Esto se da dos semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara aplicar el decreto presidencial que regula esta técnica.
Sin embargo, ahora el Gobierno y su bancada oficialista del PAC, no tienen “ninguna prisa”, reconoce Emilia Molina, legisladora rojiamarilla, quien agrega que el decreto es ideal para regular este tema.
Para las agrupaciones cristianas, que incluyen a 12 diputados del PUSC, Restauración Nacional, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Cristiana, es de vital importancia aprobar sanciones para quienes desechen, comercialicen, experimenten o destruyan óvulos fecundados, ya que el decreto es omiso para castigar esas conductas, a criterio de los legisladores.
Asimismo, tratan aún de convencer al PLN, al Frente Amplio y al PAC de limitar la técnica de reproducción asistida a mujeres casadas o en unión libre.
Otro de los temas que preocupan a los legisladores cristianos está relacionado con la donación de óvulos fecundados, pues no habría ningún control sobre estos.
“Existen muchos vacíos en el decreto que deben ser subsanados mediante una ley, para garantizar así que no se violente la vida de los no nacidos. Queremos que se le dé continuidad a lo que ya veníamos discutiendo”, dijo Fabricio Alvarado, legislador por Restauración Nacional.
Después de más de cuatro años de debate en el Congreso, el proyecto de ley se encuentra ya en plenario para su votación final; sin embargo, el Gobierno lo retiró de las sesiones extraordinarias, en las que establece la agenda de debate, porque ya es un tema decidido por la Corte.
Mientras tanto, el decreto que obliga a la Caja a brindar este tratamiento en 2018 y que fue validado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite la criopreservación de los óvulos fecundados, la donación de los mismos y la implantación como máximo de dos embriones.
“Tengo la impresión de que hasta ahora los legisladores tenemos más preguntas que respuestas, pero debemos ser capaces de responderlas con prontitud y dentro del marco de la legalidad constitucional y el rigor ético científico. No se trata de victorias, pues no es un partido de fútbol. Estamos hablando de seres humanos”, dijo Gerardo Vargas, legislador por el PUSC.