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Diputados liberacionistas proponen reactivar minería

Jeffry Garza [email protected] | Viernes 13 septiembre, 2019 09:17 am

María José Corrales
“La inacción estatal nos ha llevado a consecuencias muy serias", dijo María José Corrales, de Liberación Nacional. Tomada de perfil de Facebook de María José Corrales/La República


Reactivar y regular la minería metálica en el país es lo que proponen los legisladores María José Corrales y Jorge Luis Fonseca, de Liberación Nacional, a través de un proyecto de ley.

La iniciativa se basa en el Código de Minería, que otorga al Estado el dominio de los recursos minerales y potestad para explorar sus riquezas por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.

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El proyecto plantea tres tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería.

Los permisos de explotación serían otorgados por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y los mineros además deberán cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía.

Asimismo, se establece la prohibición expresa del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestre.

El proyecto además establece un impuesto que consiste en un canon anual que deberá cancelar la empresa por hectárea concesionada.

Lo recaudado irá a distintas dependencias del gobierno.

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La iniciativa nace de la falta de propuestas concretas e integrales del Gobierno para controlar los efectos evidenciados de la minería ilegal en el país, según los diputados verdiblancos.

“La inacción estatal nos ha llevado a consecuencias muy serias: contaminación con mercurio por la práctica ilegal de la minería, descomposición social que se manifiesta en tráfico de armas, drogas, prostitución, enfermedades que estuvieron erradicadas y que ahora reaparecen como la malaria y el saqueo de oro que equivale al valor de casi $400 millones”, explicó Corrales.

La explotación de yacimientos minerales a cielo abierto es prohibida en el país desde 2010.


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