Emilio Bruce

Emilio Bruce

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Viernes 18 Julio, 2014

El país debe de retornar por sus fueros. Debemos fortalecer el estado de derecho y mejorar la administración de justicia para lograrla pronta y cumplida


Sinceramente

¡Difamación!

¿Qué ha sucedido con esta sociedad costarricense que hace que muchas personas celebren y defiendan la difamación de una señora expresidente? ¿Qué nos ha hecho querer, a cualquier costo, tratar de destruir a una persona por razones políticas, sin reparar en más? ¿Por qué es que las personas en redes sociales y en foros diferentes en el país, protestan de tener que aportar pruebas de las acusaciones en un juicio? Muchos costarricenses discrepan de la acción de cualquier ciudadano que, acusado injustamente, defiende su buen nombre y su honor de quienes son sus detractores.
Ante la ausencia de pruebas de quien acusó, que pueda llevar a la dama expresidente a ganar su acción por difamación en sufragio de su familia, su prestigio, su honor y buen nombre, acuden esos personajes al expediente de destruir la confianza del resto de la ciudadanía en el estado de derecho y en la imparcialidad de los jueces.


El silogismo de su lógica camina en torno a este patrón: “todos son corruptos. La señora es parte de los mismos de siempre. La señora es entonces corrupta”. “Siempre hay dos versiones de toda cosa. La versión nuestra aunque no haya pruebas es que es culpable y no tenemos que demostrarlo”. “Los jueces son corruptos y los mismos de siempre. Los jueces son nombrados por los diputados corruptos. Los jueces son decididamente corruptos y el poder Judicial está infiltrado por el narcotráfico”. “Lo que juzguen y sentencien los jueces nos tiene sin cuidado porque ellos van a fallar para silenciar al pueblo”.
No importa que quien se arrogue la representación del pueblo cometa delito de sedición. No importa si las pruebas existentes son contrarias a sus pretensiones de juzgar culpabilidad. Hay que destruir la legitimidad del liderazgo para dejar acéfalos a los partidos y disfuncional a la democracia.
Todo costarricense tiene el derecho legal y constitucional de defender su buen nombre y su honor ante los tribunales. Nadie tiene el derecho de difamar, de injuriar, ni de calumniar de manera impune. Las acusaciones sin pruebas son una difamación clara. Muchas acusaciones mediáticas en las que no hay apreciación de la prueba, no persiguen la justicia sino el hacer el mayor daño posible a personas por razones políticas.
La destrucción de la legitimidad del liderazgo, del estado de derecho y del Poder Judicial en su credibilidad tiene propósitos políticos aviesos.
El país debe dejar la difamación como herramienta política y debe regresar al análisis sereno de los asuntos políticos en el ámbito correspondiente, al ejercicio de la acción penal del Ministerio Público y al juicio y a la sentencia a los tribunales de justicia.
¿Qué ha hecho que muchas personas se consideren por encima de los tribunales de Costa Rica? ¿Qué ha hecho que una vocal minoría costarricense esté tratando de destruir activamente la confianza en los tribunales de justicia?
El país debe de retornar por sus fueros. Debemos fortalecer el estado de derecho y mejorar la administración de justicia para lograrla pronta y cumplida.


Emilio Bruce

Profesor
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