Desconfianza en un gobierno “gastón” hace a diputados exigir detalles de acuerdo con FMI

Hasta que no se conozcan los detalles del acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la oposición en el Congreso no estaría dispuesta a validar ningún nuevo préstamo para el gobierno de Carlos Alvarado.

La desconfianza en un gobierno “gastón” hace que los legisladores rechacen un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, sin importar que este le ahorraría al país $91 millones en intereses en los próximos siete años.

La preocupación de los legisladores se debe a que Alvarado solo impulsaría una agenda de corto plazo, para terminar su gobierno sin mayores sobresaltos y sin resolver el problema del déficit fiscal.

Impulsar ajustes estructurales en el gasto, incluida una reforma al empleo público y el cierre y fusión de instituciones públicas, son las demandas de los diputados.

“Los $1.750 millones que se negociarían con el FMI, le permitirían al país entrar en una estabilidad fiscal y una ruta financiera nueva, promoviendo la confianza y productividad del país; sin embargo, para que ello ocurra, el gobierno debe dejar de pensar en el corto plazo y construir la ruta de largo plazo de una vez por todas. Señor Presidente no improvisemos más y resolvamos esto de una vez por todas”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación.

Ayer, al cierre de edición, la disputa entre el gobierno y los diputados por el préstamo con el BID se mantenía, sin embargo, el Congreso decidió adelantar su receso a partir de este martes y con ello, el préstamo con el BID quedó descartado, ya que se había dado plazo hasta el 6 de enero para aprobarse.

El adelanto de las vacaciones se dio por un brote de Covid-19 en la barra de prensa y los legisladores regresarán a laborar el 11 de enero.

Desde el inicio de esta administración el Congreso ha aprobado créditos por más de $1.700 millones, además del plan de eurobonos y una reforma fiscal.

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Por otra parte, el congreso tuvo en su segundo año de trabajo el período más fructífero -con leyes sustantivas – en 34 años, según el último informe del Estado de la Nación.

En ese sentido, los legisladores se quejan de una falta de compromiso del Ejecutivo para recortar el gasto.

“Estamos ante un Ejecutivo que no nos ha dado la confianza para creer en sus promesas y ahora quiere hacer creer a los costarricenses, que la culpa de la no aprobación de este proyecto es de la Asamblea Legislativa”, dijo María Inés Solís, diputada de la Unidad.

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Mientras tanto, el gobierno aseveró ayer que la decisión que tomaron 26 diputados en relación con el financiamiento del BID le cuesta $91 millones a todos los costarricenses.

“Pudiendo pagar intereses de 2,8% anual, han obligado a que se paguen intereses de 8% anual, es decir casi 3 veces más caro. Y además privan de $25 millones que se destinarían a la Caja”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación.