Ambientalistas y el diputado Ariel Robles del Frente Amplio han denunciado supuestos desalojos ilegales en Playa Pavones, en el sur de Costa Rica.
Al parecer, la acción de la Municipalidad de Golfito pretende favorecer el desarrollo comercial alrededor de una marina por encima de los intereses de las comunidades, quienes han vivido allí por décadas, denunció Robles.
Es por ello que, en el caso del diputado, se presentó un recurso de amparo a favor de la comunidad, “pidiendo una medida cautelar urgentísima para que se frenen estos desalojos”.
La idea, es revisar con tiempo que se estén cumpliendo todos los procedimientos legales.
“Queremos denunciar lo que está pasando en este momento en Playa Pavones. Resulta que ahí, de forma muy irregular, sin seguir los procedimientos e irrespetando todos los procesos a golpe de tambor, la Municipalidad de Golfito está desalojando personas locales de esta comunidad, de espacios donde han estado por muchísimo tiempo. Recordemos que Pavones es uno de los lugares que se considera uno de los grandes paraísos del surf a nivel mundial, al tener una de las tres olas que van de una forma diferente”, dijo Robles.
El legislador dijo desconocer si la Municipalidad tiene un plan regulador para hacer estos cambios, sobre todo porque las denuncias señalan que algunos locales sí permanecen y otros no.
“Detrás de esto pareciera que ha venido impulsándose una marina privada que quiere hacerse con diferentes espacios de la zona”, dijo Robles.
Terreno valioso
Mientras tanto, Lyly Cabezas, de la Fundación Green Heart, señaló que lo que está pasando en Pavones no puede pasar desapercibido, a la vez que indicó que el terreno tiene un gran valor comercial.
“Lo que está pasando en Pavones no puede pasar desapercibido. La Municipalidad de Golfito ha iniciado demoliciones en la comunidad costera de Pavones. Alegan que es para recuperar terrenos públicos, pero detrás de esta narrativa se esconden intereses mucho más profundos. Familias enteras están siendo desalojadas, al igual que comercios locales, sin previo aviso, sin diálogo, sin mostrar documentos que respalden esta acción, según lo ha denunciado el abogado ambientalista Walter Brenes, quien representa a los vecinos, siendo una grave violación al debido proceso y a los derechos humanos”, explicó Cabezas.



































