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Defensoría pide fortalecer monitoreo patrimonial de funcionarios públicos ante nuevos casos de corrupción

Johnny Castro johnnycastro.asesor@larepublica.net | Miércoles 10 noviembre, 2021 02:45 p. m.


Nueva investigación
Archivo/La República


Ante los hechos de corrupción suscitados recientemente y donde al parecer participaron funcionarios públicos, la Defensoría de los Habitantes insiste en la necesidad de fortalecer el monitoreo sobre la situación patrimonial de estos servidores.

La Defensoría solicitó a las autoridades del Poder Ejecutivo ampliar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), en el Reglamento General sobre Legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada; para abarcar a todo servidor público en la obligación de rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría, independientemente del cargo que ocupe o desempeñe.

Actualmente se define como personas políticamente expuestas a diputados, al mandatario, vicepresidentes; ministros, viceministros, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general, el fiscal general de la República, los rectores y vicerrectores, el regulador general, los superintendentes de las instituciones públicas y de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador Nacional, el Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios, los presidentes ejecutivos, los regidores propietarios y suplentes, los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vicealcaldes; así como jefes de misiones diplomáticas.

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Asimismo, son considerados personas expuestas políticamente a los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados en este artículo”.

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La Defensoría estima que el concepto PEP debe ser revisado y ampliado, luego de considerar las situaciones y actos de corrupción que se han presentado en la función pública y en sus vinculaciones con el sector privado; denunciados por la prensa en los últimos años que involucran a personas funcionarias públicas que no necesariamente ostentan altos cargos señalados en la actual normativa.



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