Logo La República

Miércoles, 21 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


Corre, dijo la tortuga

Pedro Oller [email protected] | Martes 27 enero, 2009


Corre, dijo la tortuga

Pedro Oller

La valiente, razonada y correcta decisión del juez David Hernández de enviar a consulta constitucional la aplicación de la nueva Ley de Tránsito, merece reconocimiento.
Para el juez Hernández, según ha trascendido, son tres las consideraciones básicas: falta de definición, falta de precisión y limitación al derecho de defensa. Estos yerros en la legislación ya habían sido advertidos por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Este había señalado la inconstitucionalidad de varios artículos, en adición a la discordancia con el ordenamiento jurídico y la falta de razonabilidad y proporcionalidad de las penas.
El Movimiento Libertario había asumido el costo político de advertir que la legislación no cumpliría el fin colectivo. Tuvieron razón.
La respuesta del resto legislativo fue apretar el paso. No se habían atendido las advertencias de los asesores técnicos del congreso, había que desligarse de los libertarios y que sufrieran el linchamiento mediático. Asociados con el gobierno y el MOPT, se vanagloriaron de la gran capacidad de respuesta para atender el problema nacional de mayor envergadura. ¿Y de las consecuencias? Que se ocupen otros.
No se puede suspender la aplicación de la ley porque la Sala no lo ha ordenado. El gobierno no quiere asumir la responsabilidad en la formulación del proyecto y prefiere guardar silencio. Los oficiales de tránsito seguirán cual parte sin novedad. De las fracciones legislativas que lo aprobaron, ni un comentario.
Lo sorprendente es que el Ministerio Público esté siguiendo la misma línea de acción de Gobierno y legisladores. Como el juez Hernández pertenece al Tribunal de Flagrancia, entonces lo más práctico resulta procesar a los infractores de la nueva Ley de Tránsito por la vía ordinaria, a través de sus fiscales.
Esta misma discusión la tendríamos, con consecuencias mucho más graves, de haberse aprobado la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana que de forma abusiva, concentraba el poder persecutorio en el Ministerio Público —sin complejos — y violentaba igualmente los derechos y garantías individuales al antojo de un solo ente. ¿Dónde se quedaron los pesos y contrapesos de nuestro sistema republicano? Bien por el Ejecutivo en retirar el proyecto hasta tanto no se sopesen sus consecuencias.
Igualmente preocupante, el extender una línea de crédito a propósito de la catástrofe en Cinchona a un ente que, en boca del propio jefe de la bancada oficialista, está lejos de la fiscalización, de la correcta asignación de recursos y en franca campaña proselitista. Y se aprobó.
Al margen hay, como en el caso de la fracción libertaria, dos diputados de la Unidad que dieron el grito y que, en virtud de su afiliación política, fueron primero vapuleados y hoy marginalmente comprendidos.
El PAC y el Ejecutivo viven las mieles de un concubinato que resulta escandaloso. Una vez aprobado el TLC, y entendiendo don Ottón que no hay marcha atrás, recordó sus raíces aristas y ha adoctrinado una política de inexcusable complacencia. Algunos medios celebran este nuevo noviazgo, con las consecuencias de la mala técnica gubernamental y legislativa que conlleva.
Como pueblo y administrados habremos de exigir un alto al engaño, al apuro, al clientelismo y a la mediocridad. El dejar de vivir en medio de señales de humo. Porque de la Asamblea, en casi tres años, lo que se cocina sale incomible.