Contabilidad, naturaleza del deber

En el mes de la contaduría conviene revisar las diversas aplicaciones y fuentes que dan carácter a la obligación de llevar la contabilidad de su negocio.

No es extraño encontrarse con quienes definen, utilizan y aplican la contabilidad como un deber exclusivamente de carácter tributario. Cercenan así el amplio espectro de la contabilidad que, bien hecha, tiene una pluralidad de lectores, en primera instancia los propios dueños de la empresa o socios.

La contabilidad es la técnica sistemática de recoger las transacciones incurridas por una entidad con el fin de lograr una representación de su situación financiera. Esta representación detalla los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo generados y los cambios en el patrimonio de la compañía.

Una vez recabados y clasificados los datos transaccionales se emiten los estados financieros: El balance general, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Cada uno de ellos con los objetivos de información para los múltiples públicos.

El Código de Comercio de Costa Rica establece que la contabilidad es un deber de todo comerciante, la obligación se encuentra en el artículo 234 del texto: “…c) Llevar la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las siguientes disposiciones de este Código.”

Es la fuente de información relevante para la toma de decisiones según cada tipo de lector:

A. Los inversionistas o accionistas

B. Los empleados de la empresa

C. Los acreedores

D. Los proveedores y acreedores comerciales

E. Los clientes

F. Los organismos públicos

G. El público en general, este en particular es el caso de las empresas que comercian sus títulos en bolsa o las entidades denominadas de interés público por el impacto de sus funciones en los mercados.

Para que la contabilidad sea relevante para tan diversa gama de lectores, es fundamental que cumpla con las características cualitativas que indica el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, de obligado acatamiento en Costa Rica desde el año 2001.

De los posibles seis o siete grupos de interesados en la información financiera de una entidad o empresa, el gobierno, es decir, las autoridades regulatorias en general y en particular la Administración Tributaria, son solo uno de los múltiples lectores.

La información contable debe ser comparable y consistente, en un mundo ideal, no solo entre períodos de la misma empresa, sino entre todas las entidades del país.

En un ambiente como el costarricense esto es imposible, pues cada uno tiene su propio cuadro de cuentas y su propia definición para ellas. Cada uno tiene una manera singular, particular y hasta sesgada de presentar resultados de la entidad.

Por eso es difícil que los diferentes agentes económicos interesados en la información financiera logren tener la calidad de información que requieren para su correcta lectura e interpretación.

Para complicar aún más el asunto, a partir del año 2024, es obligatorio implementar los reportes extra financieros. Un reporte complementario respecto a los parámetros ESG de la compañía, en los que se da cuentas de la gestión empresarial más allá de las cifras financieras, revelando métricas de impacto ambiental.

Es un control cuantitativo, que deja de lado el abordaje romántico y loable de buenas intenciones. El reporte extra financiero da cuenta también de la relación de la entidad con la sociedad: su impacto en la comunidad inmediata, sus acciones de inclusión y diversidad y, no menos importante, los aspectos relevantes a su gobernanza corporativa.

Por eso decir que la contabilidad es para simple cumplimiento tributario es tener una visión obtusa. Esa visión es una falta grave a los deberes fundamentales de una buena gobernanza corporativa, que supone estar tomando decisiones sobre la base de información oportuna, confiable, consistente y coherente.

Una persona de negocios responsable no puede pretender gestionar a pulso sus negocios, mucho menos en un entorno económico tan competitivo. Si lo hace es un acto de imprudencia que, de no salirle bien, perjudica los intereses de terceros y podría resultar en responsabilidades civiles y, en el peor de los casos, hasta penales.

Muchas veces los empresarios o comerciantes caen en mala prácticas, como llevar un plural de “libros contables” según cada lector, cada uno con información evidentemente sesgada. Escuchamos con frecuencia a empresarios argumentar que ¿cómo tomarían decisiones acertadas con la información fiscal?

Esto da cuenta de una clara disociación entre la realidad económica de la empresa y lo que esta reporta al fisco.

Otro ruidoso argumento es: ¿Cómo me prestaría el banco si le presento las cifras de Hacienda?

Otro indicio de actos ilícitos de publicación de estados financieros falsos, donde ni el propio empresario tiene claridad de cuál es la singular verdad de tan plural cantidad de informes.

Dentro de las obligaciones de los comerciantes está la rendición de cuentas. Tanto consigo mismo como con sus socios y demás partes interesadas; quienes evidentemente tomarán decisiones basadas en el principio de la buena fe de los negocios, que incluye los aspecto de la voluntad y la técnica en la información.

En un ambiente de gestión tan caótico, es común que cuando haya problemas el empresario vaya hacia el contador y le atribuya la responsabilidad de sus actos, consentidos o inducidos, por él mismo. La responsabilidad es claramente compartida, pero se origina en quien tiene el deber de la contabilidad, que es el empresario, y no en quien funge como auxiliar del comercio, tal como lo define la legislación comercial, el contador que entra en activa o pasiva condición de cómplice de los actos.

Estamos ante un tema escabroso pues la cultura e historia nacional han propiciado y tolerado la diversidad de “verdades.” Un problema sistemático y con efectos tan profundos que sesgan incluso la determinación del Producto Interno Bruto, que se compone por cifras distorsionadas por cada bloque de agentes privados.

Costa Rica ha adoptado ampliamente las normas internacionales de información financiera para el sector público, lo que resuelve el problema al menos para ellos, circunscribiendo el pendiente al sector privado.

Para erradicar el problema es necesario la emisión de una norma técnica de la que nos hemos referido en múltiples ocasiones desde hace más de 20 años: Contar con un Plan General Contable.

Uniformar los catálogos de cuentas es el primer paso para facilitar los procesos de análisis de información por parte de los diversos lectores. Estos catálogos unificados deben tener criterios herméticos, pero a la vez flexibles, que viabilicen la adaptación sectorial de manera coherente y consistente.

Solo así se logrará que sea una sola la contabilidad, para un plural de usuarios que podrán comprender de mejor manera la información, sea cual sea el uso para el que la requieran.

El cuadro de cuentas se complementa con un catálogo de definiciones cerradas de los movimientos contables y sus documentos fuente. Así se evita la contabilidad creativa, con las manipulaciones con las que ha sido históricamente manejada.

Otro asunto por estandarizar son los formatos de los Estados Financieros, los cuatro ya mencionados, de modo que faciliten el análisis de créditos, la gestión de información estadística y, evidentemente, la efectiva viabilidad de la puesta en marcha expedita de la eventual “tributación digital,” sea cuando sea que vea la luz.

Así cada público tendrá la certeza de tener datos fiables, en una economía más transparente para la toma racional de decisiones.

Este nuevo marco de transparencia se complementaría con la memoria de la empresa respecto a los asuntos más importantes que incidieron en los resultados financieros, los cambios de composición del patrimonio y las variaciones más significativas en la composición de sus activos y pasivos; así como las nuevas divulgaciones respecto a información extra-financiera del marco ESG.

La estandarización contable en el país es un pendiente añejo. Insto a los colegios profesionales a que, siendo los entes competentes en materia técnica tomen la antorcha y se conviertan en abanderados del proyecto. ¡Hagan que la profesión abandone de cuajo las malas prácticas históricas!

Costa Rica, país miembro pleno de la OCDE, es hoy el único país de esa organización que carece de un plan general contable. Paguemos de una buena vez esa vieja deuda con la comunidad de negocios local e internacional.