Conservadores versus “millennials” en segunda ronda
Fabricio Alvarado de Restauración Nacional y Carlos Alvarado del PAC, participarán en abril en la segunda ronda electoral para nombrar al próximo Presidente de Costa Rica. Julian Medri y Esteban Monge/La República.
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Aunque la situación de las finanzas públicas es la peor de los últimos 35 años, los costarricenses decidieron ayer, llevar al Partido Acción Ciudadana (PAC) y a su candidato Carlos Alvarado, a la segunda ronda electoral.

Igualmente, los electores apostaron por Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, que a la fecha no ha dado a conocer su equipo económico y presenta una propuesta “endeble” en materia fiscal.

Así las cosas, el rojiamarillo que logró el 21,6% de los votos válidos al cierre de edición con un 83% de las mesas escrutadas, se enfrentará con el aspirante evangélico (24,7%) por la presidencia de la República el 1° de abril, que este año, coincidirá con el final de la Semana Santa.

El abstencionismo fue de un 33,7%, uno de los más altos de la historia.

Las candidaturas de Carlos y Fabricio se vieron beneficiadas con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de inicios de enero, en torno a la validación del matrimonio gay, pero con públicos diametralmente opuestos. 

Mientras que Carlos aglutinó el voto progresista, “millennial” y favorable a la diversidad LGTBI, Fabricio se benefició con el respaldo del voto conservador, opuesto a la unión entre personas del mismo sexo y a la ideología de género.

En campaña, Fabricio ofreció sacar a Costa Rica de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que un organismo externo “tomado por grupos pro gay”, violentó la soberanía nacional al tratar de imponer una ideología de género que no está de acuerdo con los valores de la mayoría de los costarricenses.

Por su parte, Carlos recalcó una y otra vez que la elección era “entre el futuro y el pasado”, para referirse a las posturas conservadoras de partidos como el de Fabricio, el PLN, el PUSC y el PIN.

Antes de la opinión consultiva de la CIDH, los dos aspirantes presidenciales que ayer fueron designados para la segunda ronda, apenas recibían entre un 4% y un 5% de respaldo popular en las encuestas.

Mientras tanto, las propuestas de otros candidatos como Antonio Álvarez de Liberación Nacional (18,7%) y Rodolfo Piza del PUSC (16,0%) que basaron su discurso en la generación de empleos, la productividad y principalmente los problemas fiscales, fueron rechazados por los costarricenses.

Esto, sin importar que Costa Rica está al borde del abismo económico, tal y como lo han sugerido las calificadoras internacionales y otros organismos, que advierten sobre la necesidad de aprobar un plan fiscal, que incluya recorte de gastos y nuevos impuestos.

Y es que en 2017 el déficit llegó a $3,5 mil millones; es decir, un 6,2% de la producción nacional, y se estima que al cerrar este año, el efecto bola de nieve seguirá, por lo que la diferencia entre gastos e ingresos del gobierno, ascendería a unos 7,1% del PIB.

Pese a esto, el gobierno de Luis Guillermo Solís sigue aumentando el gasto, ya que su peso en la economía pasó del 19,6% del PIB en 2014 —cuando inició sus labores— a un 20,7% al cierre del año pasado.

Esto es insostenible, y aunque en los últimos años los costarricenses no lo han sentido, en este 2018 pareciera que eso va a cambiar, por los factores tanto internos como externos.

Un aumento en las tasas de interés en colones y en dólares será el primer efecto, afectando a inversionistas, empresarios y consumidores.

Esto, generaría aún más incertidumbre y paralizaría la economía, por lo que la generación de nuevos empleos se contraería.

Por otra parte, el pago de los intereses de la deuda en 2017 creció en un 17%, ocho puntos porcentuales más que en 2016, cuando incrementó en un 9%.

Este año el gobierno debe refinanciar a tasas altas un total de $890 millones en bonos en dólares y ¢546 mil millones en bonos en colones, que se vencen entre el otro mes y noviembre.

Asimismo, el gobierno mes a mes debe pagar cerca de ¢80 mil millones en salarios.

Como ninguno de los candidatos logró el 40% de los votos válidos, será necesario ir a una segunda ronda, para elegir al nuevo Presidente de la República.



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