Colombia necesita un Plan B para tener un futuro en paz
AFP/La República
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Para consternación de todos, en una votación el domingo los colombianos rechazaron el acuerdo que habría terminado con el conflicto armado más antiguo en América Latina, una insurgencia de décadas que ha costado más de 220 mil vidas, desplazó a más del 10% de la población del país e infligió enormes daños económicos.

El revés pone de manifiesto los riesgos de gobernar por referéndum - como si hiciera falta alguna prueba de ese peligro. Ahora las preguntas importantes para Colombia son estas:

¿Qué salió mal y qué pasará después?

Aparentemente muchos colombianos consideraron que el acuerdo alcanzado por el presidente Juan Manuel Santos y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue demasiado generoso con los insurgentes. En lugar de castigar al grupo ampliamente detestado, el acuerdo propuesto le garantizaba representación política.

Ese tipo de concesiones al momento de disolver un conflicto son difíciles de asimilar, pero a menudo son el menor de los males -como en este caso. La alternativa de llegar a un acuerdo con los rebeldes no era la victoria, sino más años de violencia. El ejército colombiano ha estado capturando y matando a los revolucionarios de las FARC desde hace medio siglo, sin embargo, la guerra ha continuado. A pesar de algunos avances recientes, un final militar al conflicto no estaba a la vista. Diez escaños de los 272 en el Congreso colombiano durante dos mandatos era un precio asequible a pagar por la paz.

En realidad, no queda claro que la mayoría de los colombianos no hayan estado de acuerdo. La participación en el referéndum fue baja -aproximadamente dos tercios del electorado se quedó en casa- y el margen de victoria para quienes estuvieron en contra fue muy estrecho.

El huracán Matthew no ayudó, redujo la participación en áreas que anteriormente ayudaron a Santos a ganar la reelección. La complacencia oficial también desempeñó un papel: las ceremonias previas al referéndum y el alboroto generado por Bono, Ringo Starr y numerosos jefes de estado pudo haber hecho creer a los colombianos que sus votos no importaban.

Resulta difícil leer el resultado por otra razón. La política subyacente es complicada -no se trata solamente de la opinión de la élite chocando contra la rabia popular, o de las víctimas de las FARC de un lado contra otros despreocupados que no fueron afectados del otro.

Algunos de los que rechazaron el acuerdo fueron terratenientes ricos, liderados por el ex presidente Álvaro Uribe, cuyas familias y fortunas se vieron afectadas durante los combates, y cuyos intereses económicos se vieron amenazados por las disposiciones del acuerdo. Al mismo tiempo, en algunas áreas que sufrieron las peores masacres perpetradas por las FARC, la población pobre votó de manera abrumadora por la paz.

Ahora, el acuerdo alcanzado tras cuatro años de conversaciones con el apoyo generalizado de la comunidad internacional está en el limbo. Santos se ha acercado a los líderes de la campaña del No y envió a sus negociadores de vuelta a Cuba, que fungió como sede de las conversaciones y ayudó a negociar el acuerdo. Por ahora, los líderes de las FARC se han comprometido a mantener el cese al fuego. Hay esperanza de que el acuerdo pueda ser modificado y revivido.

De ser así, sería prudente que el gobierno buscara la manera de que la legislatura considere el acuerdo sin necesidad de otro voto popular. Con o sin otro referéndum, cualquier otro acuerdo revisado necesitará ser vendido mejor a un país que estará más atento.

Colombia tiene otros problemas que atender: un creciente tráfico de cocaína, un déficit presupuestario en aumento, inequidad económica, una geografía complicada y la amplia brecha entre quienes viven en la ciudad y en el campo. Sin un acuerdo de paz, sanar esas divisiones no solo será difícil, sino imposible.

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