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El cierre inminente de Radio Sinfonola 90.3 FM, tras quedar fuera de la subasta de frecuencias convocada por el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), desencadenó una fuerte cadena de reacciones de políticos y figuras públicas.
La emisora, fundada en 1966 y con casi seis décadas de historia, no pudo asumir los “cientos de millones” que, según su propietario, Carlos Lafuente, se exigen para renovar la concesión.
Su salida del aire se suma al retiro de otros grupos como Cadena Radial Costarricense y la Cadena Musical, que también rechazaron los precios establecidos, que van desde $386.000 para radio nacional hasta $1,6 millones para televisión.
La noticia generó un intenso debate sobre libertad de expresión, acceso al espectro y el impacto cultural de la desaparición de medios tradicionales.
El técnico del Club Sport Herediano relató la dimensión personal del cierre.
“¿Qué parte de mi crecimiento fue mi papá?… escuchar todos los domingos Radio Sinfonola”, dijo al recordar que su madre hoy utiliza la emisora para sentirse cerca de su padre fallecido.
Aunque afirmó que no busca “meterse donde no lo llaman”, pidió dejar atrás divisiones y defender los espacios que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias.
El candidato del Frente Amplio calificó la situación como alarmante y criticó la lógica económica de la subasta.
“En una subasta gana el que ponga más plata… radios como Sinfonola no van a poder competir y van a cerrar”, advirtió.
Para Robles, el proceso abre la puerta a que “el mercado sea dominado por quienes tengan más plata, incluso grupos con dinero en lavado”, y representa “una medida dictatorial para silenciar la libertad de expresión”.
La candidata por la Unidad afirmó que el problema no es tecnológico, sino político.
“Lo que hay detrás de la subasta no es el avance tecno sino el avance de un proyecto anti social y anti democrático”, señaló, alertando de un intento por “acallar la pluralidad, lo local, lo comunitario e independiente”.
El aspirante de Nueva República denunció que los precios “prácticamente entierran” a las emisoras religiosas.
“Se apaga una señal y se pierde la posibilidad de compartir el evangelio y salvar almas”, dijo.
También afirmó que su partido “irá a la guerra para defender la difusión del mensaje de fe” y anunció un proyecto de ley para proteger contenidos religiosos sin fines de lucro.
“La fe no se puede silenciar por motivos económicos”, añadió.
El candidato del PLN advirtió que los montos mínimos, desde ¢96 millones en radio, pueden “excluir a numerosos medios que han operado durante décadas”.
Ramos pidió suspender la subasta hasta después de las elecciones y alertó sobre el riesgo de “abrir la puerta a un oligopolio y silenciar voces fundamentales para la democracia”.
El candidato de Unión Costarricense Democrática cuestionó que la subasta ignore la perspectiva de la audiencia.
“Cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando no sólo de aquella libertad que tienen los periodistas y los dueños de los medios de comunicación, sino, y más importante, de los consumidores, de los usuarios del servicio de información", señaló.
Asimismo, aseguró que el proceso “reduce a lo económico la decisión de quién informa” y que vulnera la libertad de expresión y el derecho humano a la información.
